Ministerio Público solicita 20 años de cárcel para Jeanine Áñez, Camacho y Pumari en el caso “Golpe de Estado I”
- La audiencia de inicio del juicio oral revela graves acusaciones contra los exlíderes políticos, con delitos que incluyen seducción de tropas, asociación delictuosa y terrorismo.
El Ministerio Público ha solicitado una pena de 20 años de cárcel para la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el excívico potosino, Marco Antonio Pumari. La petición fue presentada este miércoles durante la audiencia de inicio del juicio oral por el caso «Golpe de Estado I», que se lleva a cabo en el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz.
Los tres implicados, quienes se enfrentan a cargos graves, declararon ante el juez durante el proceso judicial. Según el Ministerio Público, los delitos que se les imputan incluyen seducción de tropas, asociación delictuosa, terrorismo, conspiración y otros. Estos cargos forman parte de la acusación presentada por el gobierno, que sostiene que la sucesión presidencial en 2019 fue parte de un golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales.
Durante la audiencia, el fiscal asignado al caso enfatizó que los hechos investigados demuestran una conspiración bien organizada para derrocar al gobierno constitucional de Morales, lo que, según la Fiscalía, desencadenó graves violaciones a la democracia en Bolivia. “Es fundamental que se haga justicia y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos”, señaló el fiscal, insistiendo en la magnitud de los delitos imputados.
El juicio ha captado la atención tanto de la comunidad nacional como internacional, dado el impacto político que este caso ha tenido en la historia reciente de Bolivia. La defensa de los acusados, por su parte, ha sostenido que el proceso judicial es parte de una persecución política orquestada por el actual gobierno de Luis Arce, y que las acciones de Áñez, Camacho y Pumari en 2019 estaban enmarcadas dentro de un contexto de defensa de la democracia.
Se espera que el juicio continúe en los próximos días, con nuevos testimonios y la presentación de pruebas clave que definirán el futuro legal de los acusados. El fallo del juez será crucial no solo para los involucrados, sino también para el país, en un momento donde la justicia y la política se encuentran profundamente entrelazadas.
El caso «Golpe de Estado I» sigue siendo uno de los procesos judiciales más relevantes de la última década en Bolivia, con implicaciones que podrían marcar un precedente en la historia política del país.