Tres años después, los seis pasos de Evo que provocaron la crisis de 2019
Un artículo transitorio de la Constitución Política del Estado (CPE) que fue reinterpretado, el desconocimiento de un referéndum que rechazó la cuarta repostulación, dos polémicas resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), además de unas fallidas elecciones manchadas por la sombra de un fraude, son parte de al menos seis pasos de Evo Morales que provocaron la crisis que Bolivia vivió en 2019.
Han pasado tres años de los hechos y hasta la fecha no se investigó la responsabilidad de Morales en la crisis que cobró 32 vidas y dejó cientos de víctimas y heridos en todo el país.
- CPE a base de compromisos
La Asamblea Constituyente se instaló el 6 de agosto de 2006, durante el primer mandato de Evo Morales. El documento fue sometido a un referéndum el 25 de enero de 2009, cuando fue aprobado por el 61,43% de los votos a favor. La promulgación se hizo el 7 de febrero de 2009.
Pero llegar a ese punto no fue sencillo, varias de las nuevas disposiciones causaron susceptibilidad. Una de las incorporaciones que generó polémica fue el artículo 168, que abrió las puertas a la reelección de presidente, presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, después de cumplir su mandato, “por una sola vez de manera continua”.
Para aprobar el proyecto de la CPE en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y llevarla a referéndum se necesitaba dos tercios, una fuerza que el MAS, en su primera gestión, no tenía. Ante la necesidad de convencer a la oposición de que la reelección no sería un problema, Morales se comprometió a que el periodo 2006-2010 iba a ser contado como su primer mandato.
Entonces se añadió la Disposición Transitoria Primera de la nueva Carta Magna. Ésta establecía que “los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos períodos”.
Es decir que Morales podría ser candidato en las elecciones 2009 y, en caso de vencer, gobernar desde 2010 hasta 2015 como última gestión permitida. Pero la disposición no se cumplió.
- El mandato que “no cuenta”
Haciendo uso de su derecho a una reelección, Morales se presentó a un segundo mandato en las elecciones nacionales de diciembre de 2009. Obtuvo una votación del 64% a su favor.
Tras los escollos sufridos para aprobar la CPE, durante su campaña apuntó a lograr los dos tercios en el Legislativo. Su estrategia funcionó y por primera vez el MAS consiguió el control de ambas cámaras de la ALP.
Esta ventaja le permitió conducir el país sin la necesidad de convencer a la oposición. Fue entonces que desconoció el compromiso asumido para aprobar la CPE y su primer mandato.
Desde el Gobierno se argumentó que la primera gestión (2006-2010) no contaba, porque -según su argumento- se dio bajo otro régimen constitucional. También se indicó que, por el cambio de Constitución, Morales no logró concluir su primer mandato y que eso le permitía ser candidato por segunda vez, aunque ya era la tercera.
- TCP a medida y 3er mandato
La primera gestión de Morales estuvo caracterizada por un roce constante entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que no le permitía hacer los cambios que deseaba. El conflicto se hizo notorio cuando en Bolivia se realizó el primer paro judicial.
Pero con los dos tercios en la ALP y una nueva CPE, su segundo mandato tenía el potencial de tomar el control de todo el aparato estatal. La nueva Carta Magna establecía que la elección de magistrados ya no dependería de la ALP, sino del voto popular. Así, en 2011, se llevó a cabo la primera elección judicial.
Aunque la esencia del proceso era reformar la justicia, éste fue usado como una estrategia de tener un TCP hecho a la medida. Si bien fue el ciudadano el que con su voto eligió a las nuevas autoridades, los postulantes entre los que escogió fueron elegidos por la ALP, entonces controlada por el MAS. Los dos tercios le dio la posibilidad de habilitar como candidatos a los afines a sus intereses. El 16 de octubre los resultados de esa primera elección fueron claros. El 60% de los votos eran nulos o blancos. Pero aún así los elegidos asumieron sus cargos.
En 2013, con la acusación de injerencia política en la justicia y en busca de la tercera candidatura de Evo, la ALP -con dos tercios- aprobó el proyecto de “Ley de Aplicación Normativa”, que permitía la interpretación del artículo 168 de la CPE y la Disposición Transitoria Primera.
Por solicitud de la Cámara de Senadores, dicho proyecto normativo se sometió a un control de constitucionalidad. El 25 de abril de 2013, el TCP aprobó el proyecto de ley, los magistrados elegidos en 2011 argumentaron que “se ha realizado la refundación del Estado como un Estado Plurinacional y esa refundación ha generado una nueva CPE que contempla un nuevo orden”.
Con ello se habilitó a Evo Morales a buscar una segunda reelección presidencial en las elecciones del 12 de octubre de 2014. Obtuvo un 61% de los votos y un tercer mandato (2015-2020).
- Un NO que fue desconocido
Apenas cumplía el primer año de su tercer mandato, cuando el MAS puso en discusión una nueva candidatura de Morales en la elección nacional de 2019, para el mandato 2020-2025.
Ante la ola de rechazo de diferentes sectores, decidió preguntarle al pueblo si podía postular o no y ordenó al ALP realizar la convocatoria a un referéndum constitucional. El 21 de febrero de 2016, Bolivia asistió a las urnas para decidir si se modifica o no la CPE para permitir una nueva reelección de Morales. En los resultados se impuso el “No” con un 51,30% de los votos.
- El TCP de nuevo
Pese a que Morales se comprometió a aceptar los resultados del referéndum, en septiembre de 2017, senadores y diputados del partido del MAS presentaron una acción de inconstitucionalidad abstracta contra los preceptos del régimen electoral. Argumentaron que no autorizar más que una reelección continua era una violación a los derechos políticos de las autoridades electas.
El 28 de noviembre del mismo año, apenas dos meses después de presentada la acción, los magistrados Macario Lahor Cortez Chávez, Juan Oswaldo Valencia Alvarado, Zenón Hugo Bacarreza Morales, Mirtha Camacho Quiroga, Ruddy José Flores Monterrey y Neldy Virginia Andrade Martínez dictaron la Sentencia Constitucional 0084 que habilitó a los entonces presidente, Evo Morales, y al vicepresidente, Álvaro García Linera, a repostularse de forma indefinida, por “derecho humano”. Sólo el magistrado Efrén Choque se negó a firmar el acta.
- La elección 2019 y el fraude
Tras el fallo del TCP y con las elecciones cerca hubo varias reacciones. Una de las medidas tomadas fue el impugnar la candidatura de Morales ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ente muy criticado por tener como vocales afines al MAS.
El TSE emitió un fallo habilitando su repostulación para un cuarto mandato sucesivo (2020-2025). La oposición convocó a diversas protestas pero nada impidió que Morales llegue a las elecciones nacionales del 20 de octubre de 2019.
Han pasado dos años y pese a tres informes (OEA, UE y el Departamento de Estado de EEUU) aún no se tiene certeza de lo ocurrido esa jornada.
Hasta las 19:40 el sistema de conteo rápido había recibido 30.845 actas electorales, es decir el 89,26% del total.
Sorpresivamente, a las 20:10 hubo un corte del internet y la electricidad en el Serecí, por lo que se ordenó la detención del conteo rápido y la validación de actas.
El sistema no fue restablecido hasta las 14:30 del día siguiente. Se reanudó la validación de actas y se avanzó con el conteo oficial, pero no con el preliminar, pese a la susceptibilidad de la población. Cuatro horas después se reasumió la generación de resultados con un mayor avance y se advirtió un cambio de tendencia a la registrada antes del corte. Con los datos Morales descartó un balotaje.
Esa noche el corte del sistema de conteo rápido sembró la duda sobre la transparencia del proceso y generó una crisis política aún irresuelta que llevó a Morales a renunciar.
Los 6 magistrados
Magistrados • Cinco de los seis magistrados que avalaron la repostulación indefinida de Morales fueron contratados como funcionarios públicos luego de dejar el TCP.
Ruddy Flores • No sólo firmó la repostulación indefinida en 2017, sino la tercera candidatura en 2013. Fue contratado en la Vicepresidencia en febrero de 2021, pero ya en 2018 fue director jurídico de la Cancillería, cabeza del Consejo Nacional de Refugiados en Bolivia y ministro consejero ante los organismos internacionales en Ginebra. Su esposa ocupó un cargo diplomático en Bruselas.
Macario Cortez • En mayo de 2021 presentó su declaración jurada como funcionario de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem). En 2018 fue director del Instituto Nacional de Reforma Agraria. En 2019 fue director jurídico del Ministerio de Trabajo.
Zenón Bacarreza • Desde febrero de 2022 trabaja en la Aisem. Como magistrado, sumó nueve denuncias en su contra por corrupción y tráfico de influencias. Los gremiales de El Alto lo acusaron de favorecer a sus hermanas para que ocupen cargos en el Órgano Judicial.
Neldy Andrade • En 2018 fue directora regional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera para Potosí y Chuquisaca.
Mirtha Camacho • Figura -hasta 2020- como funcionaria de la Dirección Departamental de Educación de Oruro. Durante su gestión como magistrada acumuló 13 denuncias en su contra por incumplimiento de deberes, beneficio del cargo, ventaja económica e incumplimiento de una sentencia constitucional.
Osvaldo Valencia • Se postuló para fiscal general del Estado en 2018 y para vocal en las nuevas salas constitucionales en 2019. En junio de 2019, la Dirección General de Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) intervino un inmueble en el que el narcotraficante Pedro Montenegro realizó algunos eventos. Aparecieron varias fotos que advirtieron vínculos con Montenegro.
El séptimo • Efrén Choque fue el único magistrado que se negó a firmar la resolución que daba vía libre a la repostulación. Falleció el año pasado.
Tras la crisis, Evo candidato otra vez
“Nuestro hermano (Evo Morales) va a ser candidato como todos piden. No estamos en campaña, pero es el clamor de la base”, señaló el vicepresidente del MAS, Gerardo García.
Los anuncios anticipados de su candidatura para la Presidencia de Bolivia, en 2025, acrecentaron las diferencias entre los leales a Morales y quienes piden la renovación dentro del partido azul.
El 19 de agosto pasado, el exalcalde de Warnes y excandidato del MAS a la Gobernación de Santa Cruz Mario Cronenbold proclamó a Morales, “Evo Bicentenario Presidente 2025”. Indicó que se trataba de una propuesta que “arranca desde ahora”.
“Tenemos un candidato que es un líder nacional, no vamos a ir a vender el nombre de Evo, porque ya todo el mundo lo conoce”, sostuvo Cronenbold.
Aunque el MAS aseguró no estar en campaña, varias de sus organizaciones, ligadas al ala Evista, ya han manifestado su apoyo a la prematura postulación. Además de Cronenbold, las Juventudes del MAS en El Alto y el exministro de la presidencia Juan Ramón Quintana ya comenzaron a calentar motores rumbo a las elecciones 2025 en favor de Morales.
Pero esta no es la primera vez que el exmandatario, luego de la crisis de 2019 que decantó en su renuncia y salida del país, pone en manifiesto su intención de retornar al gobierno como autoridad electa. En las elecciones 2020, pese a su autoexilio, primero en México y luego en Argentina, postuló a primer senador por el departamento de Cochabamba.
No obstante, el TSE lo inhabilitó por no cumplir con el requisito de residencia permanente. Esa candidatura ya había generado mucha molestia tanto en el partido azul como en sus detractores.
Del voto a la renuncia Desde la fallida elección hasta le renuncia de Morales, el país vivió más de 20 días de protestas y convulsión. Con la salida de Morales del poder, aumentó la violencia que ya se vivía en varias regiones.
20-O
Bolivia acudió a las elecciones nacionales, en las que Morales buscaba un cuarto mandato. Cerca a las 20:00 el conteo rápido se detuvo al 89% de votos escrutados. Los datos presumían una segunda vuelta.
21-O
Al reanudarse el conteo rápido los resultados le dieron la ventaja a Morales y con ello la victoria. Se habló de un fraude y 24 horas después las plataformas ciudadanas convocaron a un paro indefinido, marchas y bloqueos.
23-O
El Gobierno solicitó a la OEA una auditoría del proceso para darle legitimidad ante las sospechas de fraude. Dos días después, antes de que llegue el recuento, el TSE declaró ganador a Evo Morales.
30-O
Tras una semana de enfrentamientos se registró las primeras muertes entre quienes pedían la anulación de las elecciones. Una semana después el conflicto escalaba y tres unidades policiales se amotinaron.
10-N
La OEA emitió un informe preliminar que advertía que la elección tenía irregularidades. Pese a los intentos de llamar a un diálogo, las movilizaciones no cesaron. Morales presentó su renuncia esa tarde.
Fuente: Pagina Siete