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Colegio de abogados rechaza reacción institucional sobre pronunciamiento por acción de libertad del fiscal general

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La presidenta pro témpore del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab), Silvia Padilla, rechazó la «desproporcionada» reacción del secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe, luego de que ese cuerpo colegiado emitiera un pronunciamiento sugiriendo celeridad al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para la revisión de la acción de libertad obtenida por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, el 30 de agosto pasado.

    «Rechazamos la reacción absolutamente desproporcionada del secretario general, minutos después de que como Conalab presentamos un pronunciamiento basado en un análisis jurídico, respecto de la celeridad y transparencia con la que debe actuar el TCP en casos relevantes como la acción de libertad del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa», dijo a la ABI.

    En agosto pasado, Lanchipa ganó una acción de libertad que presentó contra el viceministro de Transparencia, Guido Melgar. Con ese recurso, la demanda a la que se sumó el Gobierno en contra de la autoridad fiscal quedó desestimada. La denuncia contra el Fiscal General del Estado por supuesta manipulación informática fue presentada en diciembre de 2019 por el abogado Cristian Nina.

    Según Padilla, las expresiones y alusiones vertidas por el secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe, a través de un video son «groseras y desmedidas» cuando dice que los abogados realizan «actos de hostigamiento» contra Lanchipa o hace alusiones personales tratando de deslegitimar la representación del actual directorio pro tempore del Conalab.

    Explicó que el pronunciamiento de ese ente colegiado informa que la resolución de la acción de libertad concedida a Lanchipa, aún no fue remitida al TCP para su revisión y debió haber ingresado 24 horas después de ser emitida.

    En el pronunciamiento, los abogados también le piden al TCP la misma celeridad en la revisión, tal como procedió en 2018, cuando, en 28 días, dictó una sentencia constitucional habilitando a Juan Lanchipa para su postulación a fiscal general.

mcs/kpb/                ABI

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