3 acusados de acarreo van a la cárcel, comisión llega a Riberalta
El juez Daniel Núñez dictó detención preventiva para tres personas por el segundo caso de acarreo de votantes de Riberalta (Beni) hacia un municipio de Pando. Todo estalló el domingo, cuando cerró el periodo de empadronamiento, de cara a las elecciones.
“El fiscal imputó a cinco personas. Del total, el juez determinó detención preventiva para tres y dos personas saldrán con medidas sustitutivas”, declaró a Página Siete Óscar Tola, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Riberalta
Narda Chao Tirina, Dianita Nagayama Ojopi y Wálter Cortés Ayala fueron enviados con detención preventiva a la carceleta de Riberalta, acusados de delitos electorales; y para los otros imputados, Rossi Ojopi Vaca y Fernando Cortez Ayala, el juez determinó medidas sustitutivas, informó NotiRiber.
Tola informó, además, que ayer llegó a ese municipio una delegación de funcionarios del Servicio de Registro Cívico (Serecí) de Pando. “A horas 17:15 aproximadamente ingresaron personal de Serecí y salieron a las 17:30. Esa información el día de mañana (hoy) la harán pública personal de Serecí Pando”, afirmó el efectivo.
El domingo, vecinos de esa región denunciaron que en una casa particular -cuyo propietario sería el alcalde de San Pedro (Pando), Favio Durán Méndez- se empadronaba de forma irregular. El lunes, más de 15 personas fueron arrestadas, además que se allanó la vivienda.
Oscar Ortiz, candidato de Bolivia Dice No, afirmó que este nuevo caso “comprueba que se está buscando alterar las proporciones poblacionales para garantizar resultados favorables al MAS”.
En ese contexto, el postulante instó al Tribunal Supremo Electoral que “actúe con toda firmeza, con toda la dureza que manda la ley para penalizar un delito electoral”. “El acarreo de gente es una forma de fraude y es un delito electoral que debe ser procesado y sancionado con toda la dureza de la ley”, aseguró.
Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados, afirmó que quienes incurren en esas faltas deben ser sometidos a un “proceso penal” y, por consiguiente, deben ir a la cárcel.
Sandra Kettels, presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, expresó su preocupación sobre lo ocurrido, y anunció que no se tolerará “cualquier tipo de irregularidad venga del lado que venga”.
“Nos preocupa de sobremanera todo este tipo de situaciones que se presentan en nuestro país… Somos tajantes: no vamos a tolerar ni soportar cualquier tipo de irregularidad venga del lado que venga. Tiene que determinarse la investigación estricta del caso y determinarse, además, quiénes son los responsables”, aseguró.
El primer caso de Riberalta
El primer caso de supuesto acarreo de votantes de Riberalta (Beni) hacia Pando se registró a mediados de junio, cuando se denunció que una notaria del segundo departamento empadronaba en ese municipio beniano.
La directora regional del Servicio de Registro Cívico de Beni, Nolvia Guzmán, denunció a Gleizi Nakashima y otros ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen por “delitos electorales y traslado fraudulento de personas”.
El 28 de junio, después de 12 días de ser denunciada, Nakashima se apersonó a la Fiscalía, pero se acogió al derecho al silencio. El caso está en investigación.
Pagina Siete.