“Siles es la voz de Luis Arce”: Ormachea exige comisión legislativa para investigar el caso Consorcio
Diputado opositor afirma que ningún ministro actúa sin el aval presidencial y que la justicia no puede investigarse a sí misma
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), José Manuel Ormachea, pidió este martes la conformación de una comisión especial del Legislativo para investigar el denominado caso Consorcio, tras la revelación de un audio en el que el exministro de Justicia, César Siles, supuestamente coordina el direccionamiento de un fallo judicial en contra de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por La Paz, Fanny Coaquira.
“El caso involucra a mucha gente, hay sospechas fundadas de que altos funcionarios del Gobierno y del Órgano Judicial estén implicados. Por eso la justicia no puede investigarse a sí misma, se necesita una comisión mixta del Senado y Diputados que indague a fondo este escándalo que ha remecido a todo el sistema judicial”, declaró Ormachea.
El legislador opositor remarcó que es imposible que Siles haya actuado por iniciativa propia, ya que un ministro “es la voz de todo un órgano del Estado, la voz, quiera o no, de Luis Arce”.
“Siles no pudo haber hecho semejante maniobra sin el aval de su inmediato superior, que es el presidente del Estado. Toda tranza política de este calibre tiene que tener el visto bueno de la cabeza del Ejecutivo, es lo que creemos firmemente”, insistió.
Ormachea sostuvo que el audio filtrado menciona al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional y a otras instancias clave del sistema judicial, lo que revela un entramado que “va mucho más allá de una actuación aislada”.
“Se menciona a casi todo el Órgano Judicial, por eso hay que determinar hasta qué nivel ha llegado la injerencia del Gobierno en la justicia”, advirtió.
También se refirió a los rumores de que César Siles habría salido del país rumbo a Paraguay, lo cual –según dijo– “confirma su culpabilidad, porque el que huye es porque algo teme”.
El caso Consorcio ha puesto nuevamente en la mira las relaciones entre el Ejecutivo y el sistema judicial, y genera presión sobre el Gobierno de Luis Arce, acusado por sectores opositores de politizar la justicia para fines partidarios.