
Diputada Gabriela Ferrel presenta proyecto de ley para restringir trámites a deudores de asistencia familiar
- La diputada Gabriela Ferrel propone la creación de un Registro Nacional de Deudores de Asistencia Familiar para impedir a los deudores realizar diversos trámites mientras persista su deuda.
La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Gabriela Ferrel, presentó un proyecto de ley mediante el cual busca establecer restricciones para los deudores de asistencia familiar en Bolivia. La iniciativa pretende que aquellos que incumplan con el pago de la asistencia familiar por más de 90 días continuos se vean impedidos de realizar 11 tipos de trámites, desde renovar su carnet de identidad hasta asumir cargos públicos.
El proyecto propone la creación de un Registro Nacional de Deudores de Asistencia Familiar, el cual estaría a cargo del Tribunal Supremo de Justicia. En este registro se incluirían a aquellos deudores que no cumplan de manera continua y permanente con el pago de la asistencia familiar.
La normativa establece que el certificado de no adeudo de asistencia familiar sería un requisito indispensable para llevar a cabo una serie de trámites. Entre los trámites afectados se encuentran la renovación de la Cédula de Identidad, la renovación de la Licencia de Conducir, la solicitud de créditos bancarios y la renovación del pasaporte, entre otros.
Además, los deudores de asistencia familiar inscritos en el Registro Nacional no podrían salir del país mientras su inscripción persista. También se les impediría realizar trámites relacionados con la compra, venta y disposición de bienes, así como contraer matrimonio civil y postular a cargos electivos de representación y voto popular.
La diputada Ferrel argumentó que la falta de pago de la asistencia familiar vulnera los derechos de los menores de edad y afecta principalmente a las madres, ya que son ellas quienes suelen asumir la custodia de los hijos y se ven económicamente perjudicadas.
La propuesta generará debate en el Congreso, donde se evaluará su viabilidad y potenciales beneficios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar y proteger los derechos de los menores involucrados.