Desde una dirección a un decreto: cinco intentos fracasados de regular las redes

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Autoridades y dirigentes propusieron normar la información que se vierte en las plataformas virtuales para evitar la propagación de falsedades. La dirección del MAS incluyó un millonario presupuesto.

Desde 2016, hubo al menos cinco intentos de regular las redes sociales (RRSS) en Bolivia, con el fin de frenar la propagación de la “desinformación”. El último se dio con la aprobación del decreto supremo 4231 que fue abrogado por el rechazo de varios sectores de la sociedad, artistas, periodistas y organismos internacionales.

“Ocurre que en las RRSS circula cualquier cantidad de información falsa que pone en peligro la vida de varias personas. En el caso concreto del coronavirus hay gente que está llamando a romper la cuarentena (…). Hay quienes están tratando de provocar desorden y el decreto estaba dirigido a ese grupo. Tal vez faltó explicar de qué se trataba”, manifestó la ministra de Comunicación, Isabel Fernández en una entrevista previa a la derogación del decreto.

La Constitución Política del Estado (CPE) en su artículo 106 dice: “El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”.

Par el ciberactivista y experto en redes sociales Tonny López, el afán de controlar las redes sociales, por parte de cualquier gobierno, nace por dos motivos. “Uno, para tener control absoluto de lo que se difunde -porque las RRSS son un poder- y dos porque estos Gobiernos están en crisis por diferentes motivos”.

Al respecto, el docente y experto en redes sociales y nuevas tecnologías, Marcelo Durán expresó: “creo que la idea es buena -porque la desinformación nos hace daño- pero el problema aparece en la interpretación y en la aplicación, que abrió el espectro a personas, medios o artistas. Es un error que se generó desde el Gobierno. Sin ir más lejos creo que Facebook ya tiene restricciones más duras”.

Las cinco peticiones

El 22 de mayo de 2016, surgió la primera propuesta de regular las RRSS. Fue planteada por el Gobierno de Evo Morales luego de su derrota en el referéndum del 21 de febrero, atribuido a las plataformas virtuales. Poco después se creó la Dirección General de Redes Sociales, para controlar las cibercomunidades. El Gobierno del MAS Dispuso para ello, un presupuesto anual que osciló entre 5 millones y 7 millones de bolivianos.

Días después una segunda petición de control llegó en un anteproyecto de ley elaborado por las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. Se sumó una tercera que contaba con un proyecto de ley entregado el diputado, Víctor Borda.

En febrero de 2018, el entonces ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, censuró la circulación de mensajes ofensivos y un día después una cuarta petición llegó de la mano del diputado del MAS Julio Huaraya.

En 2019, aunque no se hizo una petición formal, tras las críticas hechas en las RRSS al entonces Ministro Carlos Romero -por el caso Montenegro- la autoridad interpuso una demanda penal ante el Ministerio Público. La Fiscalía inició una investigación pero un día después la autoridad desistió de su denuncia.

Y no fue hasta el decreto 4231 firmado por la Presidenta Jeanine Añez, que hubo un quinto intento de regular la “desinformación”. Producto de esta norma, según el Gobierno, hasta el 15 de abril había 67 detenidos y 37 sentenciados en juicios abreviados.

“Las peticiones no han tenido efecto por muchos motivos pero entre las más importantes está el tratar de regular algo que ya lo está, tanto en la CPE como en normativas mundiales. Además, cada red social tiene una normativa que todo usuario acepta al abrir una cuenta. En lo técnico, hasta ahora no hay un mecanismo que controle las redes sociales porque las plataformas son totalmente independientes”, manifestó López.

La delgada línea

Durán explicó que en la normativa boliviana -a raíz del “Corralito” argentino- ya hay un antecedente sobre la desinformación, pero específicamente en el ámbito económico. Observa que en la salud, hace años atrás no era común incurrir en esta práctica, pero hoy es diferente.

Explica que entre lo público y lo privado hay una línea muy delgada. Es necesario entender que en las RRSS todo contenido generado en ellas es público.

“Por ejemplo Facebook, esta red social tiene personal que está programando todo el tiempo, pero no controla lo que dice la gente en la plataforma, incluido temas como trata y tráfico, pornografía, bombas, odio, suicidios asesinatos etc. Para ello esta red social, desde hace años, contrata empresas que hagan curación de contenidos, una censura humana. En ese sentido cuando el gobierno tiene que asumir un tema como en el caso de la pandemia y dice que hará un ciberpatrullaje lo hace conociendo este trabajo”, manifestó Durán.

Pero por ejemplo si un usuario postea algo y el que hace la revisión tiene acceso a un teléfono y decide entrar a revisarlo esto se convierte en espionaje porque cruzó de lo público a lo privado. “Lastimosamente el Gobierno tiene malos antecedentes de haber pasado la línea. Entonces la gente es sensible al tema”, manifestó el experto.

Cinco casos públicos por desinformar

El Decreto Supremo 4200, del 25 de marzo de 2020 estipula que las personas que inciten el incumplimiento de esta norma, “desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”. Aunque esa parte de la norma fue derogada, ya tuvo sus efectos punitivos.

En este contexto el ministro de Gobierno Arturo Murillo aseguró que hasta el 15 de abril había 67 personas detenidas por desinformar, de las que 37 ya habían sido sentenciadas en procesos abreviados. No precisó nombres, detalles de los arrestos o los delitos por los que se los imputaba. De inmediato, Amnistía Internacional pidió, mediante su cuenta de Twitter, aclarar las acusaciones.

Según los decretos referentes al Covid-19 estas personas debieron ser procesadas por “delitos contra la salud pública”, con una pena de 1 a 10 años de cárcel. El Código Penal boliviano, en su artículo 216, establece que las acciones consideradas en este delito son: propagar enfermedades graves, cometer actos contrarios a disposiciones sobre higiene y cualquier otro acto que de una u otra manera afecte la salud de la población.

Desde el inicio de la cuarentena los medios locales registraron al menos cinco casos. El primero se dio el 19 de marzo, en La Paz, donde policía aprehendió a Franz B. un abogado que divulgó un video en el que dos galenas de un hospital -al que acudió para atenderse- indicaban que habían atendido a un paciente con coronavirus. Dato que fue negado por el Gobierno.

El 26 de marzo, en Cliza-Cochabamba se dictó la detención domiciliaria para Karina G. de 36, quien publicó una noticia errónea sobre un supuesto caso positivo de covid-19 que provocó desesperación en pobladores del Valle Alto. Fue imputada por el delito de peligro de estrago.

El 29 de marzo, en Potosí se arrestó a Adriel R. “el Zurdito” por “desinformar” en las redes. Fue ubicado en un patrullaje cibernético de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

También en marzo la policía anunció la investigación de un influencer de El Alto que publicó un video en el que pedía ser “inyectado” con coronavirus para demostrar que su organismo lo rechazaría. El internauta es conocido por la elaboración de videos sarcásticos.

Otro de los casos por el que medio centenar de periodistas se pronunciaron fue el de Mauricio J. identificado como un “guerrero digital del MAS”.

Fue enviado a Palmasola por criticar en las redes sociales las acciones del gobierno durante la crisis sanitaria. Mauridio J. era el creador de siete grupos de WhatsApp, administrador de 11 e integrante de otros 75.

Control de la información del Covid-19

Además de Bolivia hay otros países en los que difundir información falsa en redes sociales sobre el virus puede llevar a un arresto. Entre ellos está Estados Unidos, India, Marruecos, Tailandia, Kenia, Camboya, Somalia, Etiopía, Singapur, Botsuana, Rusia y Sudáfrica.

Uno de los casos emblemáticos es el de el médico chino Li Wenliang, quien a comienzos de enero fue convocado por la policía por “difundir rumores”, luego que advirtió la presencia de un nuevo virus extraño en una sala de chat en línea. Meses después falleció causando indignación en el mundo entero y un desagravio por parte del Gobierno.

Por ello no solo los gobiernos pretenden controlar la información. Las redes sociales detectan contenidos y eliminan u ofrecen información “oficial” para frenar la desinformación, lo que la OMS llamó una infodemia.

Si usted es usuario de WhatsApp, habrá notado que desde hace unas semanas la app limitó el reenvío de cierto contenido de Facebook considerado viral. Además, esta última empezó a ofrecer “artículos veraces” a aquellos usuarios que interactúan con contenido sobre el coronavirus que los verificadores de la plataforma consideran falso.

Ya desde enero Facebook anunció la eliminación del contenido que pueda “contribuir a un daño físico inminente para los usuarios”. Se aclaró que es un proceso que se hace desde 2018 con temas como el sarampión y otros.

Con esta medida, los usuarios que den “Me gusta”, compartan, comenten o reaccionen a una publicación verificada como falsa verán en la parte superior de su pantalla un mensaje de la OMS. Pero no toda información es dada de baja, sino solo las consideradas de gravedad. Por ejemplo las teorías conspirativas sobre el origen de la enfermedad no son censuradas.

Cabe recordar que según las reglas comunitarias de Facebook hay varias situaciones por las que un contenido es eliminado, no solo por los algoritmos o verificadores de la plataforma, sino por los reportes de los usuarios. Pero no es la única plataforma en la labor de brindar información oficial. Si en el buscador de Google se pone coronavirus automáticamente los primeros resultados son enlaces oficiales de la OMS.

Página Siete

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