Gobierno implementa sistema para frenar el acopio ilegal de combustibles y garantizar el abastecimiento

  • Mediante el bloqueo en el sistema B-SISA, se sancionará a quienes carguen combustible de manera repetitiva sin justificación, en un esfuerzo por combatir la especulación y el contrabando.

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, anunció la activación de un nuevo sistema de control para evitar el acopio ilegal de combustibles en el país. La medida, implementada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), busca frenar la «repetitividad de carga» de carburantes, una práctica que ha sido utilizada con fines especulativos y de contrabando.

Prensa Libre

Durante una inspección en la planta de Senkata, en El Alto, el ministro explicó que el sistema permitirá identificar y sancionar a quienes realicen cargas continuas de combustible sin justificación. «Existen personas inescrupulosas que almacenan combustibles para luego comercializarlos a precios diferenciados o incluso destinarlos al contrabando», denunció Gallardo.

El mecanismo de control se ejecutará a través del sistema B-SISA, utilizado para fiscalizar la venta de combustibles. Aquellos que sean detectados realizando cargas repetitivas serán bloqueados de inmediato en el sistema, impidiéndoles acceder a más combustible hasta que presenten los descargos correspondientes.

Un caso reciente ejemplifica la gravedad del problema: en Sucre, agentes de la ANH interceptaron a un motorizado que cargaba combustible tres veces al día, acumulando más de 1.750 litros en un mes. Este individuo fue aprehendido, y se investiga si el carburante acopiado estaba destinado a la venta con sobreprecio o al llamado «contrabando a la inversa», práctica en la que el combustible subvencionado en Bolivia es llevado ilegalmente a otros países, donde su valor es significativamente mayor.

El Gobierno ha reiterado su compromiso de garantizar el abastecimiento regular de combustibles para la población y evitar que estos recursos sean desviados para beneficio de unos pocos. «Este sistema no solo protege los intereses del Estado, sino también los de los bolivianos que necesitan acceder a combustibles a precios justos», afirmó Gallardo.

La medida ha generado reacciones diversas, con sectores que apoyan la iniciativa como un paso necesario para combatir la especulación, mientras que otros exigen mayor transparencia en la aplicación de los controles para evitar abusos. Lo cierto es que, con esta herramienta, el Gobierno busca cerrar el cerco a quienes lucran con un recurso estratégico para el país.