Guarayos anuncia justicia comunitaria para avasalladores, otros 13 van a la cárcel

Las comunidades afectadas por los constantes avasallamientos en Guarayos y toda la región de la Chiquitania del departamento de Santa Cruz anunciaron –en un cabildo– que aplicarán la justicia comunitaria, ante la inacción del Gobierno frente a grupos violentos que invaden sus propiedades.

Por otro lado, ayer la justicia determinó dar cuatro meses de detención preventiva en la cárcel de Palmasola a las 13 personas detenidas en los predios del Complejo Turístico Kim.

Cabildo de Guarayos

Los cívicos provinciales y representantes de las poblaciones de la Chiquitania cruceña determinaron en el cabildo, que se realizó en Guarayos, que como originarios y trabajadores del campo podrán “ejercer su derecho a legítima defensa en proporción a la agresión de acuerdo a los usos y costumbres de los pueblos originarios”.

Asimismo, en otras determinaciones, los campesinos cruceños exigieron a la justicia que forme una comisión de jueces y fiscales permanente para que procese los casos de avasallamiento hasta conseguir una condena. En otro punto, dan un plazo hasta el 30 enero de 2023 para que el Gobierno nacional viabilice la Comisión Agraria Departamental. Los provincianos se declararon como “una sociedad secuestrada por grupos armados irregulares que no respetan la Constitución ni la ley”, señalan.

Avasalladores de Kim

Ayer, en una audiencia de medidas cautelares en el juzgado de la Villa Primero de Mayo, en Santa Cruz, la justicia determinó que las 13 personas aprehendidas en el Complejo Kim guarden detención preventiva en la cárcel de Palmasola por 120 días, informó el fiscal Richard Almanza.

El fiscal detalló que los imputados están acusados de la comisión de delitos ambientales, como incendio, deterioro de bienes del Estado y también de asociación delictuosa.

Desde el miércoles, los familiares de los detenidos hacen una vigilia en las puertas del juzgado pidiendo con carteles que sean liberados porque, según sus familias, los acusados no tienen ninguna relación con los avasalladores. Entre ellos, un profesor a quien supuestamente confundieron con un avasallador.

En tanto, la familia Kim y la Gobernación cruceña pidieron al Ministerio Público, por separado, que aprehenda a los cabecillas del grupo violento de avasalladores. “Los cabecillas ya han escapado, pero los tenemos identificados (…) son 12 personas, son dirigentes vecinales, de micros, trufis, incluso hay hasta policías y ellos eran los que dirigían y cobraban a las personas (…). Estamos pidiendo (a la Policía) que los busquen o se presenten para que se hagan responsables y cumplan una condena”, dijo Alchi Kim Rojas, uno de los propietarios del centro turístico.

IBCE

Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) hasta la fecha existen “más de 200 predios y terrenos privados avasallados” en todo el departamento de Santa Cruz, pero además de la invasión a propiedad privada, hubo graves atentados contra la seguridad de las personas.

“Se han registrado secuestros, amenazas con armas de fuego. Los loteadores han quemado maquinaria, cultivos, han amenazado a la gente (…). Nosotros esperamos señales contundentes de parte del Gobierno y que a esa gente se le aplique todo el rigor de la ley”, afirmó, Gary Rodríguez, gerente del IBCE.

Pagina Siete

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