Un año de impunidad en caso La Manada, juicio arranca entre denuncias de injerencia

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Con un juicio anulado y denuncias de tráfico de influencias, el caso La Manada llega a un año de impunidad. Cuatro de los cinco implicados en la violación grupal de una joven de 18 años se encuentran, desde el viernes pasado, en el banquillo de los acusados.

“A un año del caso, vemos que la justicia es costosa y muy difícil. Mientras más personas estén involucradas y sean investigadas, cada vez será mayor el sesgo para encontrar justicia. Pero también se dificulta si hay autoridades que benefician o intentan manipular el proceso. El viernes se inició el juicio de cuatro de los acusados”, dijo la abogada de la víctima e integrante de Mujeres Creando, Arleti Tordoya.

Explicó que hasta ahora no se sabe cuándo se instalará el juicio del acusado menor de edad. Recordó que este fue absuelto por la jueza Shirley Becerra en una sentencia que fue anulada.
Activistas llegaron a Santa Cruz para apoyar a la víctima.
Foto: Archivo

El 14 de diciembre de 2018, la víctima salió con cinco de sus amigos. Lo siguiente que recuerda es que despertó tres días después en la sala de terapia intensiva de un hospital. Los análisis clínicos evidenciaron que fue drogada. Su cuerpo estaba lleno de moretones y presentaba lesiones que confirmaban un vejamen.

Los acusados son cinco varones de los cuales uno es adolescente con responsabilidad penal. La madre del menor de edad es una influyente funcionaria edil.

La instalación del juicio a los cuatro varones adultos fue acompañada de grupos de activistas. En La Paz las “feministas -autónomas” convocaron a la población a ser parte de la intervención “un violador en tu camino”, performance de protesta, creada en Chile y replicada en el mundo.

Instalan juicio para 4 acusados

El juicio oral de cuatro de los cinco implicados en la violación grupal se inició el pasado viernes. La primera audiencia se instaló en el Tribunal Segundo de Sentencia en Santa Cruz.

La defensa de uno de ellos es patrocinada por el ahora exministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano Atalá. Este caso fue una de las polémicas que precedieron a la destitución del jurista en el gabinete de Jeanine Añez.

Estuvieron familiares de los acusados y grupos de activistas que apoyan a la víctima. En esta primera audiencia sólo se leyó la acusación de la Fiscalía. Se fijó el 20 de diciembre como fecha para la próxima reunión.

Para el desarrollo del juicio se citará a 39 testigos y más de 52 pruebas documentales serán presentadas y fundamentadas. Se expondrán también siete pruebas materiales y siete periciales.

Tordoya espera que el Ministerio Público y los fiscales que estén al mando de la comisión “estén a la talla”. “Tienen que hacer su trabajo porque son los acusadores formales. Nosotras somos particulares por la víctima, pero el acusador por excelencia es el Ministerio Público y son ellos que tienen que estar a la vanguardia de la defensa”, enfatizó.

Indicó que como Mujeres Creando se mantendrán en alerta por la víctima porque ella todavía no tiene las garantías necesarias para presentarse en las audiencias. Recordó que ya en el juicio anulado del menor de edad se incurrió en serias vulneraciones.

“La víctima fue maltratada y revictimizada por la jueza que llevó el juicio contra el menor de edad, Shirley Becerra. La sentencia emitida por esta señora fue revocada y anulada para que el juicio empiece de nuevo. Es decir que vamos a empezar con el juicio de los adultos, pero no sabemos muy bien cuándo vamos a empezar con el juicio del menor de edad acusado”, explicó.

Becerra emitió una sentencia absolutoria en junio que desestimaba al menos ocho pericias importantes que demostraban el vejamen. En septiembre los magistrados de la Sala Civil Segunda anularon la sentencia.

El director nacional de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Sexual y en Razón de Género, Roberto Almendras, dijo que el Ministerio Público cuestionó la decisión de la jueza. Consideró la resolución como “prevaricadora y totalmente parcializada” por no valorar la integridad de la prueba documental, material y pericial.

La semana pasada se llevó a cabo la audiencia de cesación a la detención del acusado A.C.P. Consiguió un criterio de oportunidad en tema de sustancias controladas pero no la libertad.

8 pericias omitidas en el primer juicio

1 El informe de planimetría y geoposicionamiento señala que los acusados y la víctima estuvieron en el Deluxe una hora, cinco minutos y 59 segundos. La víctima estuvo consciente sólo 15 minutos.
2 El certificado médico forense evidenció “signos recientes de acto contranatura o de acceso carnal vía anal”.
3 Unos 19 días después del examen forense un segundo galeno confirmó las lesiones anales de la víctima.
4 El informe forense certifica “equimosis en ambas caderas, cinco en la derecha y tres en la izquierda, debido a la digitopresión”. Explica que hubo “sujeción para la inmovilización”.
5 Un informe otorrinolaringológico indica que la víctima tenía el paladar lastimado y dificultad en la deglución. La especialista conjetura que la víctima fue obligada a tener sexo oral.
6 Un experto toxicólogo dijo que por las drogas encontradas en su organismo la víctima no estaba consciente para dar su consentimiento.
7 La pericia psicológica forense al menor acusado certificó un “nivel moderado de violencia”. Reveló que “no posee remordimiento por lo que sucede a su alrededor”.
8 La inspección ocular evidenció que la habitación del Deluxe es un monoambiente. Es imposible que alguno de los involucrados no haya visto lo ocurrido.

Hay perjuicio por cambio de fiscal, piden informe

La abogada Arleti Tordoya advirtió que el cambio de la fiscal Nancy Carrasco -a dos semanas del juicio- generó un perjuicio en el caso. El diputado Gonzalo Barrientos pidió un informe del caso.

“El cambio de la fiscal afectó bastante. Los actuales no han podido entrar en ritmo y llegan tarde a las audiencias. Todavía no saben bien cuáles son los riesgos que se mantienen vigentes en los acusados. Es un caso complicado en el que hay cinco investigados y los fiscales deben tener un manejo adecuado de la información y se ve que no lo tienen”, afirmó Tordoya.

El 28 de noviembre, la fiscal de materia Nancy Carrasco presentó una acción de libertad contra el entonces ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano. Denunció injerencia en el caso de “la manada”, en el que dos de los acusados son defendidos de Justiniano. La medida se extendió a la exjueza Iris Justiniano, por amenazas de muerte.

Una semana después, Carrasco fue apartada de la comisión que lleva adelante el caso por violación grupal. Jessica Echeverría, una de las abogadas de la víctima, denunció que la decisión se debió al “uso de influencias por parte de Jerjes”. El exministro negó las acusaciones.

“Es poco viable que la fiscal vuelva al caso porque hubo un manoseo de la justicia evidente que no está siendo vista en toda su magnitud. Es un proceso muy delicado y son bastantes las pruebas que se deben producir para demostrar que los acusados no van a ser un peligro efectivo para la víctima aún con detención preventiva”, sostuvo Tordoya.

Al respecto, el diputado Gonzalo Barrientos, de Unidad Demócrata (UD), indicó que el 10 de diciembre solicitó un informe escrito al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, sobre la supuesta injerencia del exministro de la Presidencia.

“Pedimos un informe para saber si es que hubo presiones o no por parte del exministro en el denominado caso La Manada. No puede ser que, atenido al poder, lleve adelante supuestas injerencias. Debe quedar claro que no podemos hacer lo mismo que criticamos al gobierno de Evo Morales, tiene que haber transparencia”.

Denuncian amedrentamiento y Carrasco presentó amparo contra fiscal

Tordoya denunció amedrentamiento por parte de los acusados. Manifestó que hay una clara presión contra la defensa de la víctima, los fiscales y hasta quienes acompañan las audiencias judiciales.

“Es necesario y vamos a velar porque no haya amedrentamiento alguno para nadie. Es lamentable que las familias de los acusados -en un gran número- vengan a las audiencias no para acompañar a la justicia, sino para amedrentar y evitar que se sepa la verdad. Esa es la intención, ocultar lo que pasó en realidad”, afirmó la jurista.

Dijo que es importante visibilizar esta situación de alerta permanente en la que se encuentra la defensa. “Nosotras como Mujeres Creando todavía estamos custodiando que la justicia llegue como debe llegar”, sostuvo.

Manifestó que no es un caso sólo de la víctima, sino que es el reflejo de la situación de las mujeres en la sociedad y en el país. “Así como tratan a una víctima de violencia sexual nos tratan a todas las mujeres y a todo boliviano que no tiene los recursos necesarios para poder enfrentar todo lo que conlleva acceder a la justicia. Estas audiencias son pesadas, hay mucho amedrentamiento, mucha tendencia a obstaculizar de alguna manera la defensa de la víctima”, dijo.

En esta línea la fiscal de Materia, Nancy Carrasco -quien denunció injerencia y amenazas- presentó un amparo constitucional contra el fiscal departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero Palma. La documentación a la que tuvo acceso Página Siete fue interpuesta el 10 de diciembre pasado, en la Sala Constitucional número tres.

Después de un año

2018 El 14 de diciembre, la joven de 18 años salió con cinco de sus amigos. Despertó tres días después en un hospital. Análisis clínicos evidenciaron que fue drogada y vejada.

18 de diciembre de 2018. Cuatro de los cinco acusados de la violación grupal fueron enviados de forma preventiva a la cárcel Palmasola en Santa Cruz. El quinto fue enviado a un centro de menores de edad en conflicto con la ley.

2019 El 31 de mayo la víctima declaró como testigo en una cámara gessell. Un juez admitió un declaración que desvirtúa una violación grupal. Previo a ello la forense fue acusada de falsedad ideológica por su informe.

28 de junio de 2019. la jueza Shirley Becerra absolvió al menor acusado de coautoría. Dijo que el Ministerio Público no pudo probar la violación. La sentencia emitida omitió y desestimó ocho pericias importantes.

17 de agosto de 2019. Las abogadas de la víctima, Jessica Echeverría y Arleti Tordoya, denunciaron una persecución. Indicaron que el Colegio de Abogados de Santa Cruz les notificó con un proceso disciplinario.

3 de diciembre de 2019. La fiscal Nancy Carrasco fue apartada de la comisión de fiscales que llevaba el caso. Una semana antes había presentado una acción de libertad contra Jerjes Justiniano, entonces ministro de la Presidencia.

13 de diciembre de 2019. Se dio inicio al juicio oral de cuatro de los cinco acusados en el caso La Manada. Grupos de activistas y feministas realizaron protestas y vigilias como lo hicieron a lo largo de todo el año.

Pagina Siete