“El caso INRA puede superar el daño que causó el Fondioc”

1

El investigador de la Fundación Tierra Esteban Sanjinés señaló que, por el alto valor de la tierra, las irregularidades en el instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) podrían significar un daño económico al Estado mayor que el del Fondo Indígena. Diputados opositores denunciaron intensiones políticas en la dotación de tierras en Santa Cruz y solicitaron una auditoría.

“La crisis de la institución agraria cada día se vuelve más incontrolable. Muchos pensamos que de lo que estamos hablando es un problema mayor al caso del Fondo Indígena, por la cantidad de intereses que están por detrás y el dinero que implican esas tierras”, aseveró.

Como ejemplo citó: “Si cada hectárea vale 4.000 dólares (valor en el mercado), multiplicando eso por los cientos de procesos que están instaurando, es mucho dinero”.

El investigador recalcó que los cientos de denuncias de irregularidades contra el INRA evidencian un tema muy complejo que el Estado no pudo controlar. “No sé si no quiere o realmente no hay capacidad”, manifestó Sanjinés.

Entre las denuncias contra la estatal está el caso de la dotación de tierras en la Chiquitania. Para la diputada Eliana Capobianco (UD) este es un tema de pago político con tierras.

“Los asentamientos son ilegales e irregulares, se están armando comunidades para ser beneficiadas con tierra. Son personas que no la trabajan. Están siendo beneficiadas políticamente”, dijo la legisladora.

Pobladores afectados por este caso exigieron al INRA anular la dotación de 130 mil hectáreas de tierras fiscales entregadas a 69 comunidades. El proceso de distribución –argumentan– no cumple con la Constitución.

Al respecto, el senador y candidato Oscar Ortiz alertó que se entregaron tierras de territorios indígenas. “Hay que hacer una auditoría del INRA, porque claramente hubo una motivación política en todas estas asignaciones, seguramente buscando resultados electorales en municipios donde no tienen mayoría”.

El Ministerio Público de Santa Cruz imputó formalmente a Sergio Imaná, director departamental del INRA, por incumplimiento de deberes.

Cabe recordar que la autoridad también fue acusada de la dotación ilegal de tierras de la antigua propiedad San Panuma, incautada por el Estado.

Por este caso pobladores de la Guardia tomaron las oficinas del INRA en Santa Cruz, en demanda de la entrega de títulos de propiedad.

El 10 de septiembre, el director departamental admitió que se entregaron tierras en la Chiquitania; argumentó que era legal. “Se ha dotado en San José y Pailón, en los lugares aque son muy productivos”, dijo.

Desde 2011 a 2016, hubo 292 infracciones por desmontes

Desde 2011 hasta 2016, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) interpuso 292 procesos de multas por “desmonte ilegal”, detalla un informe que solicitó el senador Yerko Núñez a la entidad estatal. El informe ya advierte de problemas en San Ignacio de Velasco de Santa Cruz.

Los casi tres centenares de infracciones incluyen “desmonte”, “quema”, “procesamiento y aprovechamiento ilegal”, todos en la zona de San Ignacio de Velasco de la Chiquitania, que sufre un incendio forestal hace más de 40 días.

“La deforestación ilegal triplica la deforestación legal. Luego de tanto discurso de La Madre Tierra, el resultado es claro, el Gobierno se aplazó por la falta de control y prevención en la deforestación ilegal y un programa de forestación serio y progresivo”, aseveró el senador, tras recibir el informe.

El legislador también hizo una petición de informe escrito para que el Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, a través de los directores nacionales del INRA y la ABT, así como el Ministro de Culturas, informe acerca del asentamiento de la colonia menonita Río Negro en tierras fiscales.

“Se están ocasionando daños al medioambiente: deforestación y tala ilegal de maderas con valor comercial, destrucción del patrimonio arqueológico del Beni y creación de conflictos a las comunidades campesinas del lugar”, señaló.

El legislador dijo que los incendios de la Chiquitania han destapado la irregular distribución de tierras.

Punto de vista
Enrique Ormachea, Investigador de Cedla
“Hay que incrementar la productividad de la tierra”

Estamos frente a una política gubernamental de ampliación de la frontera agrícola que no contempla los diversos tipos de tierra que existen en Bolivia.

Es una propuesta del Gobierno que sólo toma en cuenta la variable para la producción de biocombustibles. También para la producción agropecuaria, de manera específica, para promover la exportación de carne a la China.

Se está motivando el avance de distintos actores del mundo agrario sobre tierras forestales. Pero lo que el INRA no nos llega a explicar es cómo anda el proceso de saneamiento. Es una nebulosa, no sabemos exactamente cómo ha avanzado, qué tierras se están distribuyendo; si son sobre tierras fiscales, si son para uso agrícola o forestal.

Lo que ha acontecido en la Chiquitania nos hace pensar que el INRA está dotando tierras o está permitiendo el asentamiento de empresarios en áreas de uso forestal. Esto llevará a que, después de un determinado tiempo, esas tierras terminen siendo degradadas. Porque, por su fragilidad, no son aptas para la agricultura.

Se debería promover una política de avance en lo agrícola, pero con incrementos de la productividad de la tierra. Es decir, por ejemplo, producir el doble en los cuatro millones de hectáreas de superficie cultivada que hay, sin necesidad de avanzar sobre la frontera agrícola.

De esta manera podemos avanzar la producción agrícola, pero a la vez proteger los bosques y la biodiversidad, que cumplen un rol en nuestro ecosistema.

El avance de la frontera agrícola va a llevar a penetrar en tierras de uso forestar permanente y va a afectar los intereses de sectores sociales como los territorios indígenas y también los parques nacionales, que tienen otra función importante.

Pagina Siete.