Acusan a jefe policial por presunta extorsión en caso de tráfico de medicamentos

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El comandante general de la Policía, Yuri Calderón, informó el lunes que un jefe policial está acusado de haber cometido presuntamente una extorsión en el caso de tráfico de medicamentos, por lo que instruyó la investigación mediante la vía administrativa.

«Vamos a disponer que se inicie una investigación en el área administrativa disciplinaria de la Policía Boliviana y primero se eleve un informe preliminar para establecer responsabilidades», dijo a los periodistas.

Omar Callisaya Plata, teniente de la Policía, implicado en el caso de tráfico de medicamentos, quien fue recluido el sábado en la cárcel de San Pedro con detención preventiva, viralizó en las redes sociales un audio en el que se acusa al jefe de la División de Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Luis Fernando Guarachi, de haber pretendido mediante un investigador extorsionarlo con 20.000 dólares.

Por su parte, Guarachi dijo que en ese caso se afectaron muchos intereses, ya que en el marcado ilegal de medicamentos existe un movimiento de 80.000.000 de dólares, por lo que señaló que fue objeto de varias denuncias en la Dirección General de Investigación Policial Interna (Digipi) por Lidia Plata, recluida en la cárcel y madre del ahora denunciante, además de otro implicado.

Aseguró que en ese caso seguirá con la investigación y para desvirtuar esas denuncias en su contra tiene descargos tales como los partes que hizo a sus superiores en el momento oportuno y todos los elementos de participación del oficial de policía.

A su vez, Jenny Prado, abogada de los propietarios de las empresas farmacéuticas afectadas con la adulteración de fármacos, expresó su sorpresa por dicha denuncia, pues en audiencia el juez evidenció de manera clara, que el ahora denunciante es autor intelectual de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, contrabando, asociación delictuosa, falsificación y atentado contra la salud pública.

«Se verificó que ese oficial tiene ingreso mensual de 5.000 bolivianos, cuantiosas sumas de dinero reportados por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), y se dedica al contrabando de vehículos», dijo.

dea/ma ABI