Ya son 3 entidades del Estado que “golpearon” a la Apdhb
Con la acción del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) ya son tres entidades del Estado que “golpearon” a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) y reconocieron a la “paralela”. Aquello sucedió en un tiempo de cinco meses. La acción reciente de impuestos se sumó a las de la Comisión Mixta de Constitución del Legislativo y de la Sala Cuarta Constitucional.
“¿Qué voy a hacer? Pues pelearla, no me queda otra”, declaró a Página Siete Amparo Carvajal, presidenta de la Apdhb.
Sobre el más reciente “golpe”, Carvajal se enteró cuando se apersonó a realizar trámites. El 9 de agosto, ella se dirigió al SIN y en esa institución le informaron que su persona “ya no figuraba como representante legal” de la Apdhb, y que en su lugar está registrado el nombre de Edgar Salazar, quien preside la “paralela” a esa organización.
En una misiva enviada al SIN, fechada el 10 de agosto, Carvajal le pide a esa entidad rectificar el nombre que registra el sistema “lo antes posible”, debido a que debe realizar trámites como el pago de AFP y la presentación de planillas ante el Ministerio de Trabajo.
Carvajal detalla que ella heredó el NIT de los anteriores presidentes de la Apdhb y que saneó las cuentas, por lo que cuestiona el accionar realizado en esa institución. “Ahora resulta que cualquiera puede ir a sacar la responsabilidad legal, sea presidente paralelo, masista, lo que sea. Yo no quiero insultar a nadie, pero realmente la queja formal es con impuestos”, aseguró.
Esa acción en contra de la Apdhb no es la única. En marzo, cuando se inició el proceso de selección del nuevo Defensor del pueblo –el cual aún está pendiente de designación-, la Apdhb “paralela” fue habilitada como veedora del proceso por la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la cual es presidida por un legislador del Movimiento Al Socialismo.
Otra acción es la que tuvo lugar a mediados de julio, cuando Salazar interpuso una acción de cumplimiento, en torno a esa designación, ante la Sala Cuarta Constitucional, en calidad de “Presidente de la Asamblea Permanente De Derechos Humanos De Bolivia”.
Esa sala, en los fundamentos de su resolución, resolvió dar un plazo de 70 días para que el nuevo Defensor sea designado por la ALP, pero también dispuso que de no llegar a buen puerto sea el presidente Luis Arce quien haga la designación.
Salazar sostuvo que le falta “recuperar algunas infraestructuras” de la Apdhb, según un reporte de ANF.
Franco Albarracín, exsecretario jurídico de la Apdhb, indicó a este medio que el reciente “golpe” se suma a las arremetidas que sufrió esa institución desde 2014, con todo tipo de acciones, las cuales van desde los intentos de tomas físicas de la sede de esa institución hasta la conformación de paralelas departamentales.
“Ha sido una estrategia, un patrón muy evidente de hostigamiento a la institución y el último golpe ha sido el reciente, ya con más relacionado con la personería jurídica, donde impuestos nacionales ya le otorgó el registro al señor Edgar Salazar, de manera completamente irregular e inclusive ilegal. Este es un problema muy importante, porque en términos administrativos ya le genera muchas dificultades a la propia institución para continuar con sus actividades de manera normal y formal”, dijo.
Albarracín considera que el caso de la Apdhb es simbólico, pues se busca acallar voces disidentes provenientes de defensores de DDHH y ONG que abordan esa temática.
“Más que una acción para atacar directamente a la Apdhb, es una acción que yo puedo calificar como simbólica, para generar un efecto inhibidor en otras organizaciones de derechos humanos”, manifestó.
Fuente: Pagina Siete