Juez Lea Plaza pide ser ‘testigo protegido’ y denuncia amenazas en caso contra el exministro Siles
El jurista asegura tener más pruebas que involucran a altas autoridades judiciales; su abogada advierte que su vida está en riesgo
El juez Fernando Lea Plaza, protagonista del escándalo que salpica al exministro de Justicia César Siles, busca acogerse a la figura de testigo protegido, alegando que posee más evidencias y materiales comprometedores en el caso del presunto consorcio judicial que habría intentado destituir ilegalmente a una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La información fue brindada este lunes por su abogada, Zuleika Lanza, quien confirmó que su defendido no ha revelado toda la información que posee, debido a que no existen garantías suficientes para su seguridad. “La vida del doctor Lea Plaza está en peligro”, advirtió la jurista, quien denunció que su cliente ha recibido presiones, amenazas, ofertas de dinero e incluso celdas ‘especiales’ para que calle su verdad.
El caso estalló luego de la difusión de un audio en el que se escucha, presuntamente, a Siles conversando con Lea Plaza, ofreciéndole protección a cambio de emitir un fallo contra una magistrada. Según la defensa del juez, él solo obedecía órdenes, dada su condición de juez de provincia, y señaló que otras autoridades involucradas siguen libres y presionando el curso de la investigación.
Entre los mencionados figura la vocal de Sala Penal de La Paz, Claudia Castro, sindicada como la autora de la resolución que debía firmar Lea Plaza. Según Lanza, existía una orden de aprehensión contra Castro, pero fue dejada sin efecto “gracias a sus contactos con la Fiscalía”.
Este caso destapa un posible consorcio judicial y político que operaba desde las altas esferas del Ministerio de Justicia y el Órgano Judicial, coordinando acciones contra magistrados del TSJ, en un contexto marcado por interferencias, pactos ocultos y amenazas sistemáticas a quienes intentan revelar la verdad.
La solicitud de Lea Plaza para ser testigo protegido podría abrir un nuevo capítulo en esta crisis institucional, mientras crece el reclamo por garantías procesales reales y una depuración profunda en el sistema judicial boliviano.