Gobierno condena enfrentamientos «evistas» y denuncia intereses personales tras violentos choques con la Policía
- Viceministra Gabriela Alcón aseguró que las protestas buscaban forzar la inscripción de Evo Morales, mientras la Policía repelió agresiones con gases lacrimógenos en La Paz.
El Gobierno boliviano condenó este viernes los violentos enfrentamientos entre sectores sociales afines al Movimiento al Socialismo (MAS) y la Policía Nacional, atribuyéndolos a «intereses personales» vinculados a la candidatura del expresidente Evo Morales para las elecciones generales. «Condenamos que, por ambiciones particulares, se promueva este tipo de violencia», declaró la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, en conferencia de prensa.
La autoridad recordó que las fuerzas de seguridad resguardan instituciones como el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para evitar actos vandálicos durante el proceso de inscripción de candidaturas. «Bolivia no necesita agresiones. Ya se había advertido: no se puede imponer nada ‘por las buenas o por las malas’. Nadie está por encima de la Constitución», enfatizó.
Choques y heridos en el centro de La Paz
La tensión escaló cuando una marcha de simpatizantes del MAS intentó ingresar a la plaza Abaroa, sede del TSE, y rompió el cerco policial lanzando piedras y petardos. Los uniformados respondieron con gases lacrimógenos, dispersando a los manifestantes. Según reportes preliminares, varios efectivos policiales y un periodista resultaron heridos durante los disturbios.
«No podemos tolerar convulsión social. Las movilizaciones pacíficas están garantizadas, pero no los actos violentos que ya dejan lesionados», agregó Alcón. Pese a los intentos por instalar un mitin en la plaza Bolivia, las intervenciones policiales impidieron su consolidación.
El incidente reavivó las críticas sobre la polarización política en el país, en medio de un proceso electoral que promete ser uno de los más disputados en los últimos años. Las autoridades insistieron en que la ley debe primar sin excepciones, mientras organizaciones sociales afines al MAS acusaron al Gobierno de reprimir protestas legítimas.