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Las normas no funcionan: chutos acceden a SOAT y a combustible subvencionado

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El comercio de vehículos indocumentados o “chutos” está prohibido por las autoridades y cuestionado por la sociedad, pero los propios servicios estatales se han acomodado para facilitar su circulación. Las medidas para restringir beneficios a estos motorizados no funcionan, y sus poseedores pueden conseguir sin problemas tanto el combustible (gasolina y diésel) como el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

“Hace casi dos meses hemos tenido reunión con la alcaldía, federación, transporte pesado, transporte liviano y motistas. Nos ha dicho la ANH que un productor puede comprar hasta 120 litros (de diésel) con carnet, pero, al mes, una sola vez. Más no puede comprar. Y 20 litros cualquier ciudadano, no podemos preguntar para qué está llevando. He preguntado y me han dicho ‘puedes vender nomás’”, explica Enrique Coca, dueño de un surtidor en Yapacaní.

En los municipios pequeños funcionan esos beneficios por acuerdos entre representantes sociales y autoridades locales. En la estación de servicio de Coca se agolpan compradoras, principalmente mujeres, para adquirir gasolina y revenderla en la carretera a los choferes de motos y vehículos sin placa.

Coca aclara que en esa reunión estaban presentes funcionarios de la ANH, de la Dirección de Sustancias Controladas y del Gobierno Autónomo Municipal. En este caso, el carnet de identidad de un comprador sin vehículo, como sucede con las revendedoras, reemplaza el registro en el sistema B-SISA (Boliviana de Sistemas de Autoidentificación), diseñado para regular, controlar y fiscalizar la comercialización de carburantes en todo el país.

Para obtener el B-SISA, las personas deben demostrar el Registro Único de Automotor y la póliza de importación, entre otros documentos, con lo que quedan habilitados para proveerse a futuro de combustible.

Pero si no consiguieran el B-SISA por ser autos indocumentados, siempre hay resquicios. “Se puede vender hasta 120 litros con carnet (de identidad). Alguien lleva 120 litros y su esposa, otros 120, así cargamos diésel. Gasolina vendemos 20 litros por persona”, comenta Coca, antes de aclarar que las revendedoras de gasolina, si bien tienen envases de 60 litros, no los cargan completamente.

“Yo tengo mi licencia vencida. No tiene razón de ser que la renueve si todo el mundo anda sin papeles. Solo sería gastar plata”, dice un vecino yapacanense. “Muchos tienen motos chinas. Esas duran apenas un año, no les conviene sacar documentos”, explica otro vecino.

El hecho es que existe una demanda de combustible en este mercado de motorizados indocumentados que se satisface sin mayores problemas en los municipios pequeños del país, a pesar de que ese negocio está controlado porque es un producto subvencionado por el Estado y porque se pretende evitar esa dotación a los vehículos chutos o utilizados para fines ilegales.

“Mercado negro”

No hay datos oficiales de la dimensión del parque automotor que circula sin placa, chuto o indocumentado. Pero en abril pasado, al momento de presentar un proyecto de ley para la legalización de esos motorizados, los propietarios mencionaron que existen 200 mil unidades en promedio en el país. El diputado Miguel Roca de Comunidad Ciudadana, impulsor del proyecto, mencionó que esa masa genera un “mercado negro” de combustible principalmente en los municipios y provincias pequeñas.

Allí, los vehículos chutos circulan sin restricciones y la compra de combustible se hace sin necesidad de registrarse en el sistema B-SISA, en cuyo lanzamiento, en el año 2013, se anunció que iría a detectar el acopio de combustible para actividades ilícitas como el contrabando, la explotación de madera, oro y hasta el narcotráfico.

Sobre la flexibilidad de controles, desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informaron que el responsable está de viaje y que no dio autorización a otro funcionario para informar sobre el tema. En la línea gratuita de informaciones de esa entidad, sin embargo, explicaron que, salvo por un caso de emergencia, como quedarse sin gasolina a pocas cuadras de la estación de servicio, nunca se debe vender el combustible en bidón, turril u otro similar y tampoco a usuarios que no estén registrados en el sistema.

Otro nivel de vigilancia

El control a través del B-SISA está reforzado a su vez por la vigilancia de la Dirección de Sustancias Controladas, dependiente del Ministerio de Gobierno, que también vigila el consumo de los combustibles para evitar su desvío al narcotráfico. Esta oficina a la vez emite permisos para la circulación de combustible en envases al margen de los tanques de los carros.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani Espíndola, explica que se emiten autorizaciones a nivel nacional para que los productores agropecuarios puedan comprar gasolina o diésel en cantidades superiores para trasladar ese insumo a sus campos y mover maquinaria pesada. “Los que tienen registro son los empresarios que se dedican a la producción, hablamos de productores de caña, de soya, de maíz u otros”, dijo.

Al margen de ello, “ningún poblador o ciudadano tiene autorización para reventa de combustible, si alguien vende es de manera ilegal o clandestina”.

El director de Sustancias Controladas, Samuel Cari, explicó que entre empresas grandes y productores agropecuarios se cuentan 8.500 administrados de esa entidad que tienen autorización para la compra local y traslado de combustible con hoja de ruta en envases distintos al tanque de los motorizados.

Seguro de vida

Otro requisito que debe cumplir un vehículo para circular es contratar un seguro (SOAT) con una aseguradora privada. Para obtenerlo, se debe presentar el RUAT del vehículo, que es el certificado de registro de propiedad vigente en el municipio.

El parque automotor del país llegó en el año 2020 a 2,1 millones de unidades registradas con RUAT, según el INE. En el departamento de Santa Cruz están 725,5 mil de esos motorizados, es decir el 34,4% del total.

La Autoridad de Pensiones y Seguros (APS) reportó que “el parque automotor asegurado a nivel nacional, al 11 de mayo de la presente gestión, alcanza a 1.361.556 vehículos motorizados de uso público y privado”. Se debe aclarar que algunos motorizados están exonerados de tener SOAT, como aquellos de uso laboral o industrial que no salen de sus recintos de trabajo.

El hecho es que también se vende SOAT a vehículos que carecen de placa y de RUAT. El artículo 7 del decreto 27295 establece que las personas naturales o jurídicas propietarias de vehículos inscritos en el Registro Único de Automotores están obligadas a contratar el SOAT, pero también pueden hacerlo las que estén en posesión de motorizados “producto de la compraventa no registrada, donación, sucesión hereditaria, adjudicación judicial, pendientes de trámite en el registro pertinente”.

¿Esto implica que se puede vender SOAT a los carros chutos? La Autoridad de Fiscalización de Pensiones y Seguros (APS) respondió a Página Siete repitiendo ese mismo artículo, es decir que están obligados a comprar el seguro los propietarios “y los poseedores de vehículos”.

Por eso es que la propia alcaldía de Yapacaní tiene un vehículo, sin placa, camioneta Nissan Frontier, asegurado con SOAT por Univida SA a nombre del gobierno municipal. No tiene propietario y no está registrado como carro de servicio público, pero está asegurado.

En los municipios no tributan

Las organizaciones sociales y los habitantes de los municipios pequeños han comenzado a cuestionar la presencia de chutos porque utilizan la infraestructura de caminos y otros servicios municipales sin tributar, mientras otros habitantes no solo pagan impuestos, sino que además están sujetos a sanciones si no lo hacen.

Ese motivo es central, pero los pobladores también reclaman por los accidentes de tránsito y las actividades delincuenciales (robos y raptos) que se cometen en autos sin identificación. “Necesitamos ver alguna forma de registrarlos en el municipio, para lograr que aporten (impuestos), sin vulnerar la ley”, dijo un concejal a este medio.

La idea no es nueva. En el 2014, la directora del RUAT advirtió que la entrega de placas a los carros indocumentados por parte de municipios es ilegal si no se utiliza ese registro.

A pesar de ser un problema frecuente, las autoridades municipales eluden el tema. Página Siete consultó a los representantes de la Asociación de Municipios de Santa Cruz sobre las consecuencias de la circulación de “chutos” a nivel local, pero no hubo respuesta del presidente, Edilberto Cuéllar, ni del vicepresidente, Pedro Damián Dorado.

Con el escándalo de los vehículos robados en Chile y hallados en Bolivia, en posesión de oficiales de la Policía, el proyecto de ley para legalizar los autos chutos se ha paralizado. Los “chuteros” rompieron su acuerdo con el diputado Miguel Roca, cuyas gestiones ya habían provocado difusión de anuncios en redes sociales de venta de chutos desde 10 mil bolivianos “porque va a haber nacionalización”.

Los propios “chuteros” se desligaron del proyecto de ley, pero anunciaron que no bajarán los brazos para lograr una regularización de esos vehículos.

Si bien se sabe que los municipios pequeños tienen masiva circulación de motorizados sin placa, los operativos aduaneros de carros sin documentación o con placas clonadas se realizan en las capitales. Entre el 21 de marzo y el 5 de abril, se decomisaron 26 vehículos en esa condición valorados en 1,2 millones de bolivianos que circulaban en la ciudad de Santa Cruz.

Yo tengo mi licencia vencida. No tiene razón de ser que la renueve si todo el mundo anda sin papeles

Dueño de motorizado

La gran masa de vehículos indocumentados que existe en el país genera un mercado negro de combustible

Miguel Roca, diputado CC

Ningún ciudadano tiene autorización para reventa de combustible, si lo hace es de manera clandestina

Jaime Mamani, viceministro

200.000 AUTOS CHUTOS circulan en el país, según la asociación de propietarios que piden su legalización.

Fuente: Pagina Siete.

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