Misión de Bolivia ante la OEA refuta y cuestiona parcialidad de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH

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La Misión Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) refutó la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y cuestionó las imprecisiones, incoherencia y la falta de respeto a la imparcialidad, respecto a los hechos de violencia en 2019, que derivaron en la renuncia de Evo Morales.

«Bolivia considera que el límite para la acción de la CIDH, en alcanzar el objetivo de la defensa de los derechos humanos, está en el respeto a sus propias reglas y, como señala la Corte Interamericana, no atenerse al principio de imparcialidad acarrearía la pérdida de la autoridad y credibilidad en los órganos encargados de administrar el sistema de protección de DDHH. El informe de la Relatoría no se atiene a ese principio de imparcialidad», señala parte de la réplica que presentó el Estado boliviano.

Según el documento, un ejemplo muy claro es que la Relatoría se aventura erradamente en calificar de «autoproclamación» a lo que fue una sucesión constitucional, reconocida por la Asamblea Legislativa Plurinacional (controlada por el MAS) y validada por el Tribunal Constitucional, cuyos magistrados también fueron elegidos por la mayoría parlamentaria.

Explicó que es evidente que Bolivia vivió momentos de violencia y de enfrentamiento entre octubre y noviembre de 2019, pero la sociedad boliviana rechaza que los disturbios fuesen causados por el movimiento popular denominado «Pititas».

La réplica boliviana agrega que la rebelión ciudadana pacífica en Bolivia fue impulsada por jóvenes y mujeres de todas las regiones del país y de todos los sectores sociales que, indignados por el ultraje a su voto y el daño al medio ambiente por la quema de la Chiquitanía autorizada por el gobierno de Evo Morales, emprendieron una lucha por la democracia durante 21 días.

«Es contradictorio que en lugar de realzar el ejemplo de un histórico movimiento ciudadano pacífico iniciado por los jóvenes y mujeres de Bolivia, la Relatoría tome partido por una tiranía que pretendía usurpar el poder», señala otra parte del documento.

La Relatoría de la CIDH, según el Estado boliviano, no se refiere al origen del conflicto que provocó la fuga de Evo Morales ni a la violación flagrante de la Constitución al buscar un cuarto mandato y el fraude electoral, en contravención al artículo 23 (b), de la Convención Americana sobre de Derechos Humanos.

La Misión de Bolivia también observa que la Relatoría no contextualiza objetivamente los hechos. La escalada de violencia tuvo su origen, con algunas excepciones, en amenazas proferidas por parte de militantes del MAS, quienes cumpliendo órdenes del propio Evo Morales y su entorno, apostaban por una «guerra civil».

La réplica boliviana también cuestiona la ambigüedad del informe, pues si bien detalla los actos de violencia e intimidación cometidos contra los opositores al anterior gobierno y se refiere a persecución y amedrentamiento de periodistas, infiere la responsabilidad a la actual administración, sin especificar claramente la imputabilidad de dicha violencia a las anteriores autoridades.

Finalmente, el Estado boliviano pidió a la CIDH explicar por qué incluyó en el informe una supuesta agresión a activistas norteamericanos en Washington, en un hecho que no involucra al Estado boliviano, pues se trató de evento privado en un espacio de debate denominado Diálogo Interamericano, dirigido por Michael Shifter, donde participó Luis Fernando Camacho, candidato presidencial, quien no tiene relación alguna con el actual gobierno.

En consecuencia, el gobierno de Bolivia no acepta ni reconoce «un documento ideológicamente motivado e incoherente», reafirma la réplica presentada por la misión boliviana ante la OEA.

Red central-mcr/LM/VCT ABI