Periodistas de Santa Cruz son citados a declarar en investigación por terrorismo: ¿Ataque a la libertad de prensa?
- Maggy Talavera, presidenta de la APSC, y otros seis comunicadores son convocados a testificar en un caso que involucra a un concejal del MAS. Abogados denuncian violación a la Ley de Imprenta y al secreto de fuente.
Domingo, 16 de febrero de 2025.- La presidenta de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC), Maggy Talavera, se encuentra entre los siete periodistas citados a declarar en una investigación por terrorismo contra el concejal Gilbert Tapia, vinculado al Movimiento al Socialismo (MAS). Tapia está acusado de financiar y apoyar los bloqueos de carretera en el municipio de Mairana, ocurridos entre octubre y noviembre del año pasado, que derivaron en secuestros y agresiones a periodistas y policías.
La citación, enviada a través de WhatsApp por el fiscal anticorrupción Hernán Kieffer y un investigador policial, ha generado un fuerte rechazo por parte de la APSC y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP). Roberto Méndez, expresidente de la APSC y abogado defensor, denunció que esta medida “atenta flagrantemente contra la libertad de prensa y vulnera la Ley de Imprenta”, que protege el secreto de fuente y el derecho a la reserva, amparado en el artículo 197 del Código de Procedimiento Penal.
“No podemos, ni estamos obligados a declarar ante cualquier autoridad”, afirmó Méndez, quien además cuestionó la legalidad de la citación al señalar que no se realizó de manera personal, como exigen los procedimientos legales. Raquel Guerrero, asesora legal de la APSC, respaldó esta postura y calificó la notificación como “ilegal”, argumentando que los hechos ocurridos en Santa Cruz deben ser investigados en la región y no en La Paz, a 851 kilómetros de distancia.
“Están hostigando a los periodistas y quieren llevárselos con una notificación ilegal”, denunció Guerrero, quien también recordó que varios de los periodistas citados ni siquiera estuvieron presentes en los hechos investigados.
El caso ha encendido las alarmas en el gremio periodístico, que ve en estas citaciones un intento de silenciar a la prensa y socavar su independencia. Méndez citó el artículo 49 del Código de Procedimiento Penal, que establece las reglas de competencia territorial, para insistir en que el juez de Mairana, lugar donde ocurrieron los hechos, es la autoridad competente para llevar adelante la investigación.
Mientras tanto, los periodistas citados se mantienen firmes en su decisión de no declarar, respaldados por la Ley de Imprenta y el derecho a la reserva de fuente. Este caso no solo pone en evidencia los desafíos que enfrenta la prensa en Bolivia, sino que también plantea una pregunta crucial: ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su intento de controlar la información?
La APSC y la ANP han anunciado que continuarán defendiendo los derechos de los periodistas y exigiendo que se respete la libertad de expresión, un pilar fundamental de la democracia.