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Amplían denuncia contra exviceministros de Carlos Romero

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Los exministros de Gobierno Carlos Romero y Hugo Moldiz, además de los exviceministros de esa cartera de Estado, José Luis Quiroga, Felipe Cáceres, Wilfredo Chávez y otros, fueron denunciados ayer por el abogado Eduardo León, dentro de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público, por presuntas irregularidades de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn), en el mantenimiento de las aeronaves de los Diablos Rojos y Negros con la empresa Horizontal de Aviación Bolivia SRL.

La Fiscalía Departamental de La Paz imputó ayer a Carlos Romero, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. En las próximas horas, la justicia definirá la situación legal del exministro en una audiencia de medidas cautelares.

“Hemos presentado un memorial ante la Fiscalía, nos hemos constituido en parte querellante y mañana (hoy), vamos a pelear para que no haya óbices y nos dejen participar de la audiencia, porque ya nos hemos acreditado como querellante”, dijo León en contacto con EL DIARIO.

León aclaró que la denuncia presentada por las exautoridades son: Uso indebido de influencias, cohecho pasivo propio, legitimación de ganancias ilícitas, malversación, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y leyes, conducta antieconómica y receptación proveniente de delitos de corrupción.

El jurista explicó que tiene pruebas suficientes para sustentar su denuncia. “La Uelicn tiene una dependencia directa del Ministerio de Gobierno y este se ha negado de que ha firmado contratos, pero tenemos las pruebas para demostrar lo contrario”, refirió

IMPUTACIÓN

El fiscal asignado al caso, Germán Rea, explicó que el Ministro de Gobierno tiene la responsabilidad de la ejecución, supervisión y control de recursos del Estado, así como dirigir la gestión administrativa a través de la aprobación de normas en el ámbito de sus competencias. En ese sentido, se presume que Romero tenía conocimiento de las presuntas irregularidades suscitadas en los procesos de contratación desde la gestión 2013 a 2018.

El fiscal explicó que a pesar de esas irregularidades el exministro, mediante resolución ministerial, otorgó a la Uelicn autonomía operativa, administrativa, legal y financiera.

En ese marco, haciendo uso de sus atribuciones, designó a Lilian K.F.S., como Coordinadora General de esa institución para que lleve todos los procesos de contratación durante las gestiones que ahora son investigadas por la Fiscalía.

De acuerdo con el cuaderno de investigación, la exautoridad de Gobierno pidió recién en la gestión 2019 informes detallados sobre los procesos de contratación y licitaciones internacionales para el servicio de mantenimiento de las aeronaves desde la gestión 2013, adecuando su conducta al delito de incumplimiento de deberes.

A través de la red Unitel se supo que la Fiscalía pedirá al juez la detención preventiva de la exautoridad por un lapso de seis meses, debido a riesgos procesales, entre ellos fuga y obstaculización.

SALUD

Por otro lado, el director Nacional del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Andrés Flores, informó ayer que dos médicos forenses especialistas en medicina legal, luego de haber realizado un examen médico al exministro de Gobierno, concluyeron que se encuentra clínicamente estable, por tanto, no tiene peligro de perder la vida, no presenta sintomatología cardiaca, respiratoria ni neurológica, lo que significa que se encuentra en condiciones físicas y psíquicas para declarar o asistir a cualquier lugar que requiera la autoridad correspondiente.

DEFENSORÍA

Andrés Zúñiga, abogado de Romero, presentó ayer una acción de libertad por la presunta vulneración de derechos y que se comunicó con la Defensoría del Pueblo para sumarse al recurso legal.

“La Defensoría del Pueblo está obligada a promover acciones cuando existen vulneraciones de derechos constitucionales como lo habíamos denunciado nosotros públicamente. No lo sabe solamente la Defensoría del Pueblo sino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas”, aclaró.

Desde la Defensoría del Pueblo se supo que esta instancia se encuentra evaluando su participación en el caso.

“Al finalizar de esta tarde (18:00 horas) llegó la notificación de la Sala Constitucional que conoce el caso a la Defensoría del Pueblo para su participación. El equipo jurídico está evaluando dicha participación en el marco de lo que establece el Código Procesal Constitucional”, informaron.

Al respecto, el abogado León manifestó que el recurso legal fue presentado a las 15:30 horas de ayer, misma que cayó en el Juzgado Onceavo de Sentencia de La Paz, quienes deben instalar la audiencia, hasta la misma hora de hoy.

Por otro lado, aseguró que sería impresentable de que la Defensoría del Pueblo quiera añadirse, ya que demostraría que bolivianos se encuentran en indefensión y peligro porque tenemos una defensora que está haciendo un trabajo político y no institucional.

“La Defensora es una autoridad masista, que ha sido elegida por masistas y que no es Defensora del Pueblo, ya está confirmando que solo es una defensora del MAS”, apuntó.

El Diario.

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