En febrero iniciará censo a privados de libertad
El Censo Carcelario en los 55 centros de todo el país se realizará a partir de febrero, con la finalidad de conocer la situación jurídica de los 18.687 privados de libertad. La información estadística y cualitativa permitirá la implementación de lineamientos para reducir el hacinamiento carcelario, anunció ayer el ministro de Justicia, Héctor Arce.
“El censo a privados de libertad se desarrollará en febrero con la cooperación de todas las instituciones que suscribieron el convenio. Esta acción tiene la finalidad de identificar las posibles injusticias que se cometieron contra algunas personas que fueron indebidamente privadas de libertad”, explicó Arce.
Siete instituciones suscribieron el convenio: el Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, el Tribunal Supremo Electoral, la Defensoría del Pueblo, Régimen Penitenciario, el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Servicio General de Identificación Personal (Segip), y el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB).
El director general de Régimen Penitenciario, Jorge López, manifestó que el censo se realizará en todos los centros carcelarios y carceletas de todo el país, se tiene previsto que el proceso se desarrolle en tres días. El Tribunal Supremo Electoral dispondrá alrededor de 1.600 personas que realizaran el trabajo.
“A partir del mes de febrero se va a realizar este censo, donde participaran las diferentes instancias técnicas del Estado, este censo va a ayudar a que contemos con una mayor información de Régimen Penitenciario. Además vamos a poder una estadística real de los privados de libertad”, puntualizó la autoridad.
El ministro Arce precisó que el presente convenio tiene por objeto establecer la cooperación interinstitucional de las partes para que, en el marco de sus atribuciones específicas, coadyuven y viabilicen gestiones técnicas y operativas para la ejecución del proyecto de censo carcelario y el fortalecimiento del registro administrativo penitenciario de las personas privadas de libertad.
Ambos procesos permitirán contar con información actualizada y fidedigna de las personas privadas de libertad a nivel nacional, destinada a analizar las condiciones básicas de reclusión para desarrollar acciones preventivas y correctivas inmediatas sobre su situación jurídica procesal y otras medidas de política pública.
El Diario