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Observan que Fiscalía procese a juez que falló contra avasallador

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Una familia que denunció el avasallamiento de su terreno en la zona Alto Calacoto en 2018 cuestionó a la Fiscalía Departamental de La Paz por procesar a su abogado, Ramiro Vega, y al juez que falló en contra de los presuntos avasalladores, quienes ahora se constituyen en denunciantes en un caso de múltiples documentos y versiones sobre el derecho propietario.

El caso se origina en una primera denuncia de avasallamiento que Fernanda Luzio presentó en contra de Carmen Morales y tres supuestos inquilinos de su propiedad. Los mismos, según la denuncia enviada a este medio, el 29 de marzo de 2018, ingresaron de manera violenta a su terreno.

Ante este hecho, Luzio realizó tres acciones: un amparo constitucional, un proceso de desalojo y la demanda penal por avasallamiento. Como resultado de la primera acción judicial, el juez en lo civil Alfredo R. L. falló a favor de la familia Miranda Luzio, en tanto que la primera y tercera acciones les fueron favorables de manera parcial, debido a que, si bien se ordenó el desalojo, el terreno quedó precintado por orden fiscal.

El amparo constitucional se realizó el 8 de mayo de 2018 y, ante el juez, la denunciada Morales y su abogado arguyeron que dicha autoridad no podía definir el derecho propietario del terreno en disputa, pues esto debía realizarse en un proceso civil, además que existían procesos penales que ambas partes habían interpuesto por avasallamiento.

Por parte de la familia Miranda Luzio se cuestiona que la Fiscalía dé lugar a la demanda por prevaricato contra el juez y la ampliación de la denuncia contra el abogado Vega, porque –en su criterio– en el amparo constitucional y en el proceso penal por avasallamiento y asociación delictuosa se presentaron varios documentos que prueban su derecho propietario.

Al contrario, sostiene la denuncia de los Miranda Luzio, Morales y su abogado incurrieron en el uso de documentos irregulares y versiones contradictorias. Se explicó que, además de los papeles supuestamente fraguados, días antes del avasallamiento una mujer identificada como Rocío Flores Murillo registró en Derechos Reales el mismo terreno en disputa a su nombre.

Este último hecho se dio de manera irregular, pues dentro de las investigaciones se verificó que los documentos de la supuesta propietaria, Rocío Flores Murillo, eran fraguados y el número de cédula de identidad le pertenecía a otra persona. Además que la superficie que supuestamente le pertenecía estaba en una ubicación distinta y era de 1.333 metros cuadrados.

En cambio, Fernanda Luzio explicó en su denuncia que la extensión de su terreno es de 7.000 metros cuadrados y que estos pasaron a su poder y al de sus tres hijos, ante el fallecimiento de su esposo Carlos Miranda Sensano, por medio de una declaratoria de herederos. En ese trámite, su tercera hija figura como menor de edad.

Este detalle es otro argumento por el cual, Luzio sostiene, Morales y los inquilinos cometieron falsedad material, pues, de haberse dado una venta parcial o total del terreno, se tendría que haber acudido a un juez del menor. Según los documentos, Miranda Sensano adquirió el terreno el 30 de noviembre de 1991.

Con esos antecedentes, la familia Miranda Luzio sostiene el derecho propietario de dicho terreno en Alto Calacoto y cuestionó el hecho de que se procese al juez y al abogado que frenaron el avasallamiento en un cuarto proceso iniciado por la denunciada Morales y sus abogados.

Página Siete consultó a la Fiscalía Departamental de La Paz por una explicación sobre los diferentes procesos y las contradicciones en las investigaciones que se abrieron en relación a un mismo hecho. Desde la institución se anunció que se daría una entrevista con el responsable del caso ayer por la tarde, sin embargo, cancelaron la misma por una reunión de emergencia del asignado al caso.

Son constantes los avasallamientos y perturbaciones de loteadores a la propiedad privada en la zona Alto Calacoto

Familia Miranda Luzio

Pagina Siete.

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