Carlos Mesa y Samuel Doria Medina denuncian «acoso judicial» y advierten de «desestabilización» en caso del alcalde de La Paz, Iván Arias.
- Carlos Mesa y Samuel Doria Medina expresan solidaridad y cuestionan la legalidad de la detención domiciliaria.
En una jornada marcada por la controversia y la preocupación, los líderes opositores Carlos Mesa y Samuel Doria Medina alzaron sus voces en respaldo al alcalde de La Paz, Iván Arias, quien enfrenta un proceso judicial que ha desatado fuertes críticas sobre su legalidad y ha llevado a los líderes de oposición a advertir sobre posibles intentos de «desestabilización» en el municipio.
A través de sus respectivas cuentas en redes sociales, Mesa y Doria Medina expresaron su solidaridad de manera contundente. Carlos Mesa, exmandatario boliviano, señaló que la detención de Arias es resultado de un «acoso judicial motivado por los afanes masistas para desestabilizar al municipio». En un comunicado en la red social X (anteriormente Twitter), Mesa denunció la ilegalidad e inconstitucionalidad de la detención, alegando que esta «violentaría los intereses de los paceños».
Por su parte, Samuel Doria Medina añadió su voz a la preocupación, caracterizando el proceso contra el alcalde como una «maniobra» destinada a violar el mandato popular otorgado en las pasadas elecciones subnacionales. Doria Medina argumentó que el enfoque selectivo de la justicia se evidencia en la acusación poco conocida de violencia política contra Arias, mientras casos similares son aparentemente ignorados en otros contextos. En sus declaraciones, el líder opositor afirmó: «La Justicia no falla de acuerdo a la ley, sino a las necesidades de los poderosos».
La detención domiciliaria de Iván Arias fue ordenada el martes por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción Primero de La Paz, en relación con una acusación de violencia política presentada en 2021 por la exsubalcaldesa del macrodistrito Max Paredes, Jaqueline Chavarría.
El proceso judicial ha generado un intenso debate sobre la imparcialidad de la justicia, dejando al descubierto las tensiones políticas que persisten en Bolivia y levantando interrogantes sobre la autonomía del sistema judicial en el país andino.