Prisión domiciliaria a Rosalva Vargas; 2 niños quedan sin sustento
El juez Diamantino Pacheco, del Juzgado Séptimo Cautelar, determinó ayer que la vicepresidenta de la Adepcoca, Rosalba Vargas, debe guardar detención domiciliaria las 24 horas a partir de este viernes sin plazo determinado y sin salida laboral, mientras se investiga su participación en el caso de la toma del mercado paralelo de la coca, el 8 de septiembre. Sus abogados preguntan cómo mantendrá sin trabajar a dos niños que dependen de ella.
“La audiencia concluyó y se ha determinado la detención domiciliaria de la señora Rosalba Vargas, vicepresidenta del Comité de Autodefensa de Adepcoca, las 24 horas sin plazo determinado; además, la presentación de dos garantes, presentación al sistema biométrico todos los lunes, la prohibición de acercarse a Adepcoca y comunicarse con cualquier persona vinculada al sector. Esto es un absurdo”, dijo Jorge Valda, abogado de la mujer.
Vargas fue aprehendida el martes 11, por agentes policiales que la bajaron de un minibús, mientras se dirigía a ver sus hijas. La dirigente fue imputada por 13 delitos penales y el Ministerio Público sostuvo que representa un “riesgo para la sociedad”, por todo lo sucedido.
Pedían detención preventiva
Pacheco, en suplencia legal del juzgado Séptimo Cautelar de La Paz, valoró las peticiones de la Fiscalía y la defensa que solicitaron detención domiciliaria, mientras que los ministerios de Gobierno y Justicia pidieron su detención preventiva. Según la Fiscalía, hay riesgo de fuga, obstaculización en el proceso de investigación, además de que Vargas “podría influir en los testigos o en la posibilidad de alterar las pruebas”, y posee un perfil violento, según la acusación.
“Presenta una conducta violenta y agresiva recurrente e irracional que representa un riesgo para la sociedad”, al haber convocado a marchas, añade el Ministerio Público. Vargas es vicepresidenta de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca).
Además de la detención domiciliaria, la cocalera tiene arraigo, informó Evelyn Cossío, otra de las abogadas de la dirigenta.
La autoridad judicial no determinó fianza para Vargas, a pesar de que la Fiscalía había pedido un monto de 50.000 bolivianos. Los defensores argumentaron que Vargas es de escasos recursos.
El juez Pacheco ejerció el control jurisdiccional ayer en suplencia de la autoridad titular que está con baja médica, informó Valda.
Atenta derecho al trabajo
Los abogados Valda y Cossío consideran que al privársele a Vargas de la salida laboral se atenta contra el derecho al trabajo de la imputada y preguntaron cómo mantendrá a dos menores de edad y una hija discapacitada, que dependen económicamente de ella.
“Tiene una nieta de dos años y una hija de 13 años que fue operada recién, que son las menores de edad y además una hija de 25 años que tiene epilepsia. Ellas son las tres personas que dependen de la señora Rosalba, por eso resulta una total irracionalidad (la decisión judicial) de prohibirle la salida laboral; eso es un absurdo y la deja en total indefensión”, precisó Valda a Página Siete, sobre la determinación del juez cautelar en La Paz que vio el caso y dictó esas medidas.
Por su lado, Cossío lamentó también que la justicia haya dispuesto que Vargas no pueda trabajar, sin tomar en cuenta que tiene personas que dependen de ella. La jurista anunció que se solicitará la modificación de las medidas cautelares, para que se permita el derecho al trabajo de Vargas.
Seis detenidos
Vargas se convirtió en la sexta detenida de la Adepcoca. Los primeros cinco son: Freddy Machicado, César Apaza, Raúl Uría, Gudelia Botitano y Porfirio Rivero.
Los directivos fueron detenidos por la Policía y luego fueron acusados por los ministerios de Justicia y de Gobierno por la quema del mercado ilegal de coca de Villa El Carmen que promueve Arnold Alanes, afín al Movimiento Al Socialismo (MAS) en franco desconocimiento al mercado legal y tradicional de Villa Fátima.
La dirigencia de Adepcoca tiene previsto reunirse la próxima semana para analizar qué medidas tomarán ante la arremetida del Gobierno contra su directiva.
En tanto, el lunes 10 de octubre, los cocaleros de Alanes reabrieron el mercado que fue atacado el 8 de septiembre. La reapertura se consolidó durante la inspección ocular que realizó la Fiscalía.
Fuente: Pagina Siete