Iván Lima niega patrocinio infiel en caso BCP, apunta a Morales por retiro de informe
El ministro de Justicia, Iván Lima, negó haber realizado un “patrocinio infiel” en el caso que involucra al Banco de Crédito del Perú (BCP). Aseguró que tiene documentos que prueban que fue Teresa Morales, exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), fue quien retiró el informe de esa institución y que el documento nunca desapareció.
“Es una cosa de los más descabellada, yo no he sido abogado de esas señoras nunca, nadie va a poder demostrar que he tenido ningún tipo de relación con ellas”, afirmó ayer Lima, en respuesta a las denuncias. La autoridad las calificó como una campaña “sistemática” de desprestigio, que fue iniciada por sus detractores políticos.
Marianela Cerball y María Amanda Vargas denunciaron a Lima ante los medios de comunicación, al señalar que cuando éste ejercía como abogado particular cometió un supuesto “patrocinio infiel”. Afirmaron que primero revisó su demanda contra el BCP con la promesa de buenos resultados, pero tiempo después el bufete del actual ministro pasó a ser la defensa de la institución financiera.
En este tema, Morales aseguró que el informe que involucra a la entidad bancaria “desapareció” de la IUF, un hecho que también fue negado por Lima.
“En diferentes programas se ha informado al país que se habría perdido, suprimido, un informe de la UIF y lo dice Teresa Morales, quien fue directora de la UIF. Ella ratifica la denuncia que realizan estas dos ciudadanas. Yo pedí ayer (jueves) que revisen el expediente, los archivos del Ministerio y resulta que Teresa Morales retiró el informe (de la UIF) de la Fiscalía. Tengo la carta. Es una barbaridad que ella venga a decir que no se acuerda lo que ha pasado cuando ha dejado la UIF, cuando ella fue quien, por escrito, retiró el informe”, explicó Lima como descargo ante las acusaciones.
Los hechos
En el proceso que iniciaron las dos mujeres contra el BCP, Cerball afirmó que en abril de 2019, la exdirectora de la UIF las llamó para decirles que tenía a “la persona perfecta” para terminar con el litigio legal y así recuperar millonarias sumas que habían perdido con la entidad bancaria. Entonces Morales les presentó a Lima como una persona con los nexos necesarios para conciliar.
A raíz de estas promesas, según las denunciantes, le entregaron documentación privilegiada en el proceso que tenían contra el BCP. Cerball sostiene que en aquella oportunidad Lima manifestó que era “muy amigo” de Williams Alave, actual fiscal departamental de La Paz, y que “le salvó la vida” en un proceso penal conocido como Prosegur, por el que estuvo a punto de ser llevado a la cárcel.
Luego de haber entregado los documentos, no tuvieron contacto por meses con Lima ni Morales, pero, sorpresivamente, cuando el abogado de las denunciantes se presentó en la Fiscalía verificó que la financiera cambió de abogados y la nueva representación jurídica estaba a cargo del consorcio Lima & Asociados.
Por otro lado, Cerball asegura que tiempo después, durante el cambio de gobierno de Evo Morales a Jeanine Añez, desapareció un informe de la UIF.
“Nuestras vidas están en peligro porque Iván Lima es peligroso”, sostuvo la denunciante.
Ambas denunciantes señalan que el banco opera en Bolivia de forma “ilegal”, un hecho que se denunció ante la Fiscalía y se procesa en esas instancias desde hace más de 10 años.
De acuerdo con la explicación del ministro, la Fiscalía de La Paz siguió con la investigación del caso y luego emitió una resolución de rechazo. Lima afirmó que la respuesta subió en consulta ante el fiscal departamental, Alave, y quedó confirmada.
La autoridad manifestó que el rechazo de una denuncia no tiene una calidad de cosa juzgada y que si una de las partes considera que se vulneraron sus derechos, puede volver a presentar la denuncia un año después.
“Nadie reabrió el caso, éste es un tema que ha pasado hace muchos años”, declaró el titular de la cartera de Justicia.
“Teresa Morales me acusa de usurpación de funciones; si estuviera vigente el Código Penal que se abrogó podría acusarme por ese delito; en el Código Penal boliviano actual, no existe ese delito. Hay una serie de afirmaciones y declaraciones que no tienen base, que no tienen sustento y claramente se lleva el tema por móviles políticos”, manifestó el ministro.
Amanda Vargas explicó que en 2020 el gobierno de Jeanine Añez se presentó en el proceso contra el BCP, pero cuando el MAS retornó al poder el actual ministro abandonó el proceso.
Descalificó a Lima y reiteró que éste les sacó información valiosa de su caso y luego la negoció con la otra parte. “Es una persona que realmente no merece la confianza de ningún gobierno y de ningún ciudadano”, declaró Vargas, indignada.
Dice que no aplica juicio de responsabilidades porque es ministro
El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que las denuncias presentadas por los diputados del MAS Ányelo Céspedes y Patricio Mendoza, sobre la supuesta desaparición de una sentencia constitucional sobre el juzgamiento en rebeldía, no puede ser procesada en un juicio de responsabilidades, porque él no goza de la calidad de autoridad electa.
“El punto debe aclararse en los tribunales de justicia (ordinarios). Si los diputados quieren hacerme un juicio, tienen que ir a la Fiscalía y presentar la denuncia, porque yo no tengo privilegios constitucionales. Lo que ellos están haciendo es llevarme a un juicio de responsabilidades, como están en el Comité de Ministerio Público y son fiscales (en la Asamblea Legislativa) se da la curiosa figura de que son denunciantes y fiscales”, declaró Lima.
Asimismo negó la supuesta desaparición de la sentencia constitucional 0012/2021.
La autoridad fue citada, en calidad de investigado, para el próximo martes, ante el Comité del Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, dependiente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, “para que aclare cómo publicó en sus redes sociales una sentencia constitucional que nunca fue emitida por las plataformas virtuales del Tribunal Constitucional”, según el diputado Céspedes.
Fuente: Pagina Siete