En 12 años Evo Morales triplicó su patrimonio y el de Alvaro García Linera creció 15 veces

No fue casual que el presidente Morales ni bien ascendió al poder en 2006 se rebajó el salario. He ahí el meollo de su política de vistosidad permanente, buscando mostrar una imagen de austeridad que, por supuesto, a estas alturas del “proceso de cambio”, atiborrado de gastos presidenciales, resulta una broma de mal gusto.

Sin embargo, en su momento, su accionar despertó el respeto y la admiración. Tenemos una cantidad enorme de problemas a resolver como país y, sin embargo, un acto tan marginal en términos de dinero –el salario del presidente no sobrepasa el 0,000000000000001% del presupuesto general de la nación– resulta tan relevante.

No es pues un tema menor a pesar de su irrelevancia fiscal. Y es que el mensaje es claro: “Yo gano como ustedes, yo soy humilde como ustedes”. No es pues casual tampoco que los tres presidentes del “socialismo del siglo 21” sean los que cobran los menores salarios del continente. En el antepenúltimo puesto está Nicolás Maduro con 4.068 dólares, en el penúltimo puesto está Evo Morales con 3.327 dólares y en el último puesto está Daniel Ortega con 3.200 dólares.

Precisamente los presidentes que disponen de los bienes del Estado como si fuesen sus propios bienes, usan este tipo de mecanismos para mantener una aureola de humildad y afinidad con los pobres que, a simple vista, parece real. El salario del presidente, por tanto, es un asunto relevante a discutir. Es uno de los ejes de la política de simbolismos usados a lo largo de 14 años.

¿Significa ello que los salarios de nuestras autoridades máximas no deberían ser motivo de análisis propiamente fiscal/numérico? No, no deja de ser relevante observar, como lo hizo un excelente informe de El Deber de principios de enero de 2018, que en 12 años de gestión las deudas de Evo Morales quedaron saneadas y sus activos se elevaron a 2.625.470,34 bolivianos (lo que significó un incremento del 133%); su patrimonio neto, a 2.625.470 bolivianos (lo que reflejó un incremento del 196%) y sus rentas, a 336.387 bolivianos (lo que representó un aumento del 38%).

Asimismo, en el caso del vicepresidente García Linera, después de 12 años sus activos, rentas y patrimonio mostraron un alza. Sus activos ascendieron a 1.887.587,44 bolivianos (lo que significa un incremento del 4.190%); su renta, a 276.551,98 bolivianos (lo que muestra un aumento del 106%) y su patrimonio a 718.683,87 bolivianos (un incremento del 1.533%).

Nada despreciable como puede verse. Una triplicación en el patrimonio de Evo y de 15 veces en el de García Linera. Empero, a pesar de este incremento considerable, son cifras que vistas en su dimensión fiscal no ameritan una crítica mayor. Es necesario que autoridades de esta catadura tengan la posibilidad de contar con salarios decentes. Por ello, no pasa la reflexión por la fijación en el número frío. Lo que está en juego es el malabarismo mediático.

Si de algo se precia este gobierno es de haber sacado a miles de bolivianos de la pobreza y haberles permitido gozar de una mayor capacidad de consumo. Esta no es una revolución indígena y mucho menos obrera. Es una revolución de las clases medias (si cabe la palabra revolución). Y esas clases medias forman cinturones de lealtad burocrática.

La administración pública ha visto engrosar sus filas en más del 100% pasando de menos de 200 mil funcionarios públicos a casi 400 mil. No importa qué hagan y si son eficientes en sus funciones. Ese es otro cuento.

Lo relevante es que tengan un salario fijo y el enorme privilegio de recibir cómodas cuotas mensuales en un país donde el 70% de la población es informal. Ya vimos, por ejemplo, que Bolivia es el país con peores indicadores de eficiencia tributaria o de fomento a la empresa privada. Técnicamente hablando, el problema podría tener una solución rápida: despidan a cierta gente y hagan más eficiente el asunto. No se puede, pues detrás de cada escritorio hay un burócrata dispuesto a dar su diezmo a fin de mes y a marchar a cuanta proclamación lo convoquen. El gobierno encuentra en el salario “bajo” del presidente la mejor arma para pedir/exigir ese sacrificio.

Tampoco es de desconocer que la fracción política dominante de este modelo político es precisamente la burguesía burocrática, que no es sino aquella que lucra a costa del Estado y ha conseguido consolidarse como “dueña” de éste, privatizando espacios públicos del modo más grosero e impúdico. En este caso, el salario “bajo” sólo oculta esta dinámica mayor de privatización del Estado.

Finalmente, la política de la extorsión debe funcionar adecuadamente. Es el caso de la empresa privada, obligada a mejorar los salarios de sus empleados por disposición del gobierno sin que medie concertación alguna de acuerdo a los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es bastante predecible que si el presidente ganase 3, 4 o 5 veces más de lo que gana no tendría “la moral” para pedir/exigir esos incrementos. Mejor permanecer con un salario “bajo”.

Pagina Siete.