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El pueblo derrotó plan secesionista de 2008

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El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, Rolando Borda, afirmó, en una nota publicada por Cambio el 6 de mayo de 2018, que la oligarquía cruceña no tiene patria, no tiene religión, solo intereses económicos y privilegios ganados durante las épocas del neoliberalismo.

Recordó que esta clase social destiló odio racial en contra del presidente Evo Morales, de origen indígena, por lo que pergeñó un plan de varias fases para desestabilizar al Gobierno.

Primero hizo correr rumores-entre ellos el ‘corralito’ financiero-de que el gobierno socialista confiscaría propiedades, todo con el fin de que el pueblo esté en contra del Jefe de Estado.

Pero como los resultados fueron adversos, la oligarquía comenzó a articular sus fuerzas en los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, donde se tomaron instituciones, se masacraron campesinos y dinamitaron ductos.

Los planes desestabilizadores eran organizados por el entonces presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, el empresario Branko Marinkovic; el prefecto Rubén Costas y los líderes de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco).

El líder obrero agregó que, como parte del plan, se debía dar un golpe cívico prefectural, además de asesinar al presidente Evo Morales, a campesinos e indígenas hasta alcanzar su objetivo: dividir Bolivia.

Para Borda, el tema es claro: no era el pueblo el que estaba enfrascado en actividades conspirativas, sino la élite oriental, encabezada por quienes se creían dueños de Santa Cruz.

El ataque de grupos de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) a las casas de campaña del MAS-IPSP el jueves 12 de septiembre, en Santa Cruz, se asemeja a las oscuras maquinaciones que realizó la oligarquía cruceña, en 2008, para dividir Bolivia, pero que fueron derrotadas por el pueblo organizado que ondeó las banderas de la unidad territorial.

Pruebas abundantes

Borda dice que hay pruebas suficientes de que la derecha cruceña se involucró en afanes conspirativos para la conformación de un grupo armado liderado por Eduardo Rózsa y militares retirados que tocaron las puertas de los cuarteles.

Uno de los nombres que apareció de forma insistente en la prensa boliviana y extranjera fue el del general Gary Prado. El militar negó todos los cargos.

Antecedentes de la época refieren que el exmayor del Ejército argentino Jorge Mones Ruiz, excarapintada y golpista, se instaló en 2005 en Santa Cruz con un nombre falso.

No era un sujeto desconocido en el mundo empresarial y cívico cruceño.

Él mantuvo contacto con otro militar argentino prófugo, Luis Enrique Baraldini, y los dos con Eduardo Rózsa.
La hipótesis es que los tres pretendían entrenar grupos de paramilitares integrados por bolivianos y mercenarios extranjeros para que actúen en la fase secesionista de Santa Cruz.

El excarapintada estuvo en Santa Cruz, Pando y Cochabamba.

Sus camaradas Rodolfo Barros y Luis Baraldini participaron en la Guerra de los Balcanes (1912-1913).

Los investigadores descubrieron un arsenal de armas y explosivos de alto poder destructivo de uso militar en un depósito de la Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz (Cotas).

Pero la aventura armada terminó de la peor manera. En un operativo policial en el hotel Las Américas murieron Eduardo Rózsa Flores, húngaro-boliviano; Árpád Magyarosi, húngaro-rumano, y Michael Martin Dwyer, irlandés. Mientras que Mario Tadic y Elod Tóásó fueron arrestados, enjuiciados y encarcelados.

Como parte de las actividades financieras, el grupo La Torre fue el encargado de recaudar recursos económicos de empresarios ligados a la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Santa Cruz, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) y la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz.

De forma paralela funcionó un brazo operativo represor, la Unión Juvenil Cruceñista, cuyas bravuconadas derivaron en la golpiza de campesinos, indígenas y personas del occidente porque no compartían sus ideales políticos.

Borda manifestó que después los jóvenes unionistas se desmovilizaron y denunciaron que fueron obligados y pagados para actuar de esa forma.

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