Se compró 2 predios en 7 intentos de instalar un mercado de coca afín al MAS

A la fecha, la dirigencia paralela de la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca) y el Gobierno han hecho siete intentos por instalar un mercado de coca paralelo y afín al MAS. En los últimos años se compraron dos predios que los afiliados aseguran fueron pagados con recursos propios.

“La injerencia política generó división dentro del mercado de coca (de Villa Fátima). Las personas que no compartíamos esa ideología fuimos expulsadas. Por eso las bases decidieron ir a comercializar a otro lugar. Adepcoca no es una casa, somos los socios. Tenemos seis lotes en Chuquiaguillo y ahora un patrimonio más en Villa el Carmen”, dijo el dirigente de la Adepcoca afín al MAS, Arnold Alanes, para explicar los siete intentos de instalar mercados paralelos.
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Dirigencia y mercado paralelo

Alanes atribuye el origen de la división del sector a la llegada de Luis Fernando Camacho a la sede de Adepcoca, en noviembre de 2019. Sin embargo, el conflicto es anterior a este hecho.

La ruptura al interior de los cocaleros de los Yungas de La Paz con el Gobierno empezó el 8 de marzo de 2017, con la promulgación de la Ley General de la Coca. En rechazo a la norma, Adepcoca presentó varios recursos legales y promovió una serie de movilizaciones que llegaron a cercar la Plaza Murillo. La represión fue tal que abrió una grieta entre ambas partes.

Esta ruptura decantó en el intento del partido de gobierno de conseguir, desde dentro, una dirigencia afín al MAS. Empero, al no poder lograrlo, en 2019 se conformó una dirigencia paralela, que no logró tomar los predios ni la cabeza de la Adepcoca orgánica. Por tal motivo se decidió dejar los predios de Villa Fátima e instalar un nuevo mercado en calles y casas, lo que fue considerado ilegal por la dirigencia orgánica.

Desde junio de ese año hasta la fecha se intentó instalar siete mercados en: Chuquiaguillo, la sede los choferes Volantes Yungas, el hospital de Adepcoca, el mercado de Santa Rosa, la sede de los choferes Primero de Mayo en Kalajahuira, en Urujara y en Villa el Carmen. Los seis primeros fracasaron, mientras que el séptimo reavivó el conflicto.

Abastos con predios propios

Para la instalación de los dos últimos mercados paralelos, la dirigencia afín al MAS adquirió dos predios: uno en Urujara y otro en Villa el Carmen, a una cuadra de la Terminal Minasa.

Ambas compras se informaron y decidieron en asambleas magnas en las que estuvieron presentes diferentes autoridades como el ahora destituido viceministro de Coca Juan Pablo Jové y el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani.

El primer predio se encuentra justo detrás de la tranca de salida a los Yungas, a 12 kilómetros del centro de la sede de Gobierno. Es un lugar frío con poco acceso a transporte público.

La inauguración de ese mercado (sexto intento) se hizo el 12 de octubre de 2021. El terreno tiene una extensión de casi 400 metros cuadrados. En ellos se levantan varios galpones.

De acuerdo con una maqueta que presentó Alanes, en el lugar se debía construir un mercado modelo, con una planta de industrialización y un hospital.

El costo de los predios es de 800 mil dólares, de los que, según los afiliados apenas se pagó unos 100 mil. El dato no es preciso, ya que algunos afirman que el monto fue mayor y otros que fue menor.

“En asamblea se dio a conocer estos datos. No se logró pagar todo porque en otra asamblea se pidió que se busque un lugar más accesible y cerca a la terminal a los Yungas (Minasa). Y hemos encontrado”, señaló un cocalero en el nuevo mercado de Villa el Carmen.

Fue así que en abril se instruyó preparar el cierre de los galpones y empezar el traslado de los afiliados a un nuevo mercado en Villa el Carmen, dejando la primera compra inconclusa.

“Lo que se ha hecho es hablar con los propietarios (la empresa china Xiao Feng Chen Zhen) para que se haga una compra de terreno equivalente al adelanto que dimos. Aún tenemos un pedazo de terreno ahí”, explicó una de las afiliadas de Alanes.

En Urujara se quedó el galpón principal, con una serie de comunicados de Adepcoca que aún empapelan la puerta. En su interior ya no queda nada más que algunas bolsas vacías y en los alrededores, decenas de lotes con construcciones a medias y propiedades en litigio.

Hasta hace tres años, la infraestructura de Villa el Carmen funcionaba como el colegio privado Andina. El edificio cuenta con varios pisos, salidas a dos avenidas, baños en cada planta, un auditorio, canchas, tanque de agua, sistema contra incendios, oficinas y otras comodidades que hacen que el mercado no deba construirse de cero.

“Se está comprando con aportes. Se empezó con el pintado de las fachadas”, comentó un dirigente, sin precisar el monto del aporte que cada regional y afiliado dio o debe dar.

Los afiliados afirman que en una asamblea se definió entregar los aportes junto con la actualización de sus carnets. Algunos muestran la foto de los certificados que, tras el aporte, los reconoce como socios.

“Éstos son ambientes dignos para la familia cocalera, es un patrimonio más. Por qué tendríamos que cerrar este mercado. Esta infraestructura es una propiedad privada que fue comprada con los propios aportes de los cocaleros. Así como en los 90 los fundadores aportaron para adquirir el patrimonio de Villa Fátima”, sostuvo Alanes.

Página Siete pidió al dirigente una entrevista para conocer detalles sobre los montos detrás de estos predios. También se intentó contactar a los propietarios originales de los terrenos de Urujara y Villa el Carmen. En ningún caso hubo respuesta.

1er intento con 3 puntos en Chuquiaguillo

2do y 3ero: los choferes y el hospital

4to y 5to: en Santa Rosa y Kalajahuira

6to mercado, terreno propio en Urujara

7mo: un colegio de Villa el Carmen

10 dirigentes encerrados o arrinconados con procesos

Desde que empezó el conflicto entre Adepcoca y el Gobierno, al menos siete dirigentes fueron encarcelados o arrinconados con varios procesos en su contra. Las denuncias de persecución empezaron en 2018, tras la muerte del teniente de la Policía Daynor Sandoval, en un enfrentamiento con los cocaleros de La Asunta.

El Gobierno responsabilizó por la muerte al entonces dirigente Franclin Gutiérrez, pese a que en ese momento, y durante la investigación posterior, no hubo pruebas de su participación.

Tras el enfrentamiento, Gutiérrez -como los principales dirigentes yungueños- se declaró en la clandestinidad. El Gobierno presentó una querella criminal y Gutiérrez decidió presentarse voluntariamente ante la Policía y dar a conocer que él ni siquiera estuvo en el lugar de la emboscada.

Sin embargo, fue detenido y enviado al penal de San Pedro donde guardó detención por más de un año. Por el encierro al que fue sometido apenas consiguió permiso para ir al entierro de su hijo, enmanillado y acompañado de custodios. Junto a él fueron detenidos los líderes cocaleros Wilmer Silva, Santos Montevilla y Oswlado Bautista.

Al quedar detenido, Sergio Pampa asumió la dirección de Adepcoca. En 2019 tras un enfrentamiento en La Calzada, junto a otros cuatro dirigentes (Saúl Tito, Alfredo Vera, Freddy Machicado y Ángel Yapuchura) fue acusado por la muerte de un dirigente. Pampa fue detenido y se sumó a Gutiérrez y los otros cocaleros.

En diciembre de 2020 Armin Lluta fue elegido como sucesor de Gutiérrez. Apenas asumió el cargo cuando los conflictos empezaron a escalar. No sólo heredó la cabeza de la Adepcoca sino las pugnas y la persecución.

Hasta septiembre de 2021 ya tenía tres procesos penales en su contra y había sido citado a declarar ante la Fiscalía decenas de veces.

Incluso ahora que dejó la dirigencia es amenazado y por los conflictos permanece escondido por sus bases.

Fuente: Pagina Siete.

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