Santos Ramírez acusa a Álvaro García Linera y Juan Ramón Quintana como responsables de armar el caso Catler
En exclusiva para el programa Antes del Mediodía de Radio Fides, el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, brindó pormenores sobre su reclusión en la cárcel de San Pedro tras ser acusado de corrupción en el caso Catler Uniservice.
La exautoridad apuntó al exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera y al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana de haber organizado “una patrañada”, para acusarlo de recibir sobornos ya que su persona se perfilaba como acompañante de Morales en el binomio que se presentaría en las elecciones nacionales del 2009 y como nuevo líder del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Según indicó, fue presionado para renunciar a la Cámara de Senadores y asumir la presidencia de la estatal YPFB. “El plan empieza ahí me obligan a renunciar al senado y después Evo lloró cuando pasó todo esto, yo lo vi y creí que era sincero pero fue una mentira”, enfatizó.
Antes de su aprehensión en 2009, Ramírez habría solicitado que la Contraloría inicie auditorías al proyecto de la planta separadora de líquidos Río Grande en Santa Cruz. “Hacen aparecer 16 millones y dicen que yo hubiera recibido o alguien hubiera estado llevando el dinero para que reciba 450 mil dólares, eso fue lo que se armó”.
El exjefe de la estatal aseveró tener grabaciones de cuatro fiscales de la época que posteriormente fueron detenidos en los que dicen no tener indicios de que el dinero era para Santos Ramírez, además denunció el monto secuestrado del presunto hecho de corrupción desapareció en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). “Me terminan sentenciando por ese dinero”.
En cuanto a la muerte del empresario tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach, el entrevistado aseguró que el suceso fue planificado por García Linera y Quintana, el deceso destapó el presunto caso de corrupción por el intento de entrega de casi medio millón de dólares para consolidar el contrato de construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande, según investigaciones, el fallecido debía cerrar el trato. “Estoy seguro y convencido, esa es la muerte que organizan Álvaro y Juan Ramón”.
Las declaraciones de Ramírez indican que el proceso de licitación del proyecto no se dio en la época en que se asesinó al empresario sino meses atrás en mayo del 2009. O’Connor murió en enero del 2009. “Aún todavía en este momento un hermano está cumpliendo su pena en una cárcel del país y yo he tenido la oportunidad de hablar con él”, “a nosotros nos contrataron para primero matar a dos o tres personas, no nos dijeron a quiénes”, le confesaron al exjefe de la estatal.
“Evo actuó por influencia de este grupo palaciego, me mostraron como el gran corrupto que se aprovechó, cuando este grupo es el que legalizó la corrupción”, indicó a tiempo de ratificar que los integrantes de ese conjunto que rodeaba Morales se conformaba por el vicepresidente y los ministro de Gobierno y de la Presidencia, “esa gente no solo lo ha apartado (a Evo Morales), sino lamentablemente lo ha distanciado de la base social”.
El ex hombre fuerte del MAS, se refirió a la existencia de una auditoria extranjera realizada a la planta separadora el cual indica que el proyecto era viable y debía dar continuidad con el presupuesto de 86 millones de dólares. “El Gobierno del MAS termina ese proyecto con aproximadamente 200 millones de dólares, estoy en condiciones de demostrar con pruebas”.
Consultado sobre alguna diferencia más allá del campo ideológico, político con Evo Morales a causa de los 11 años de reclusión, Ramírez dijo que sí. “Evo Morales no cree en Dios, no cree en el espíritu santo, yo soy Santos Ramírez que cree en Dios y en el espíritu santo, esa es suficiente diferencia para notar que no somos iguales”, explicó a tiempo de recalcar que no guarda rencor contra ningún militante de su expartido.
El 2009 el entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez, fue acusado por presuntos hechos de corrupción al supuestamente intentar recibir dinero de un soborno que debía ser entregado por el empresario tarijeño Jorge O’Connor, quien fue asesinado.
En enero del 2012, Ramírez fue condenado a 12 años de prisión en la cárcel de San Pedro de La Paz, desde su reclusión la exautoridad no dejó de aseverar que los motivos para su sanción judicial respondían a intereses políticos.
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