Cargos volátiles: 20 autoridades fueron cambiadas en 7 meses de gobierno

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A diez ministros cambiados y otros tres “degradados”, se suman al menos otros siete altos cargos destituidos en medio de escándalos de corrupción durante los siete meses del gobierno transitorio de Jeanine Añez. La mayor crisis sanitaria que ha vivido el país y la cercanía de las elecciones también están marcadas por la volatilidad de las autoridades.

La compra con sobreprecio de 170 respiradores le costó al ministro Marcelo Navajas no sólo el cargo, sino la libertad. Con escándalo fue destituido el ministro de Minería Fernando Vásquez, “por sus expresiones racistas”.

Los cambios no sólo afectaron al Gabinete, con 13 ministros removidos; también a cinco gerentes de tres empresas estatales, con denuncias de malos manejos de por medio. Además, al menos una viceministra de Educación y dos directores de Salud fueron destituidos y detenidos por corrupción.

“En la medida de que se siga ejerciendo el poder sin un estricto apego a la Constitución, el riesgo es muy alto y seguramente los cambios continuarán porque todos saben que quien “apaga la luz” también es quien debe defender toda la gestión en los tribunales de justicia y la Contraloría”, dice el exmagistrado del TSJ y analista Iván Lima.

Gabinete volátil

El primer Gabinete fue posesionado 17 de noviembre de 2019. Después de 21 días, Añez destituyó al abogado Jerjes Justiniano del Ministerio de la Presidencia tras cuestionamientos por supuesta injerencia y amenazas a la justicia en favor de sus clientes, entre ellos un acusado en el caso La Manada. Fue sustituido por Yerko Núñez.
El 26 de enero, Roxana Lizárraga presentó su renuncia al cargo de ministra de Comunicación con duras críticas a Añez por su decisión de ser candidata presidencial. Después, la exautoridad apareció como candidata y vocera de Creemos, el partido de Fernando Camacho.

Lizárraga se fue de Comunicación tras la detención de dos funcionarios por supuestos cobros a cambio de dar publicidad estatal. Y la renuncia, luego de una semana en el cargo, del viceministro de Políticas Comunicacionales, Ramiro Romano, quien fue sindicado de tráfico de influencias.

El 28 de enero, en el ajuste del Gabinete, fue removida del cargo la ministra de Educación Virginia Patty y en su lugar entró Víctor Hugo Cárdenas. Durante la breve gestión de Patty, fue aprehendida la viceministra de Educación Alternativa y Especial Yola Nery Mamani denunciada por vender cargos.

También salió el ministro de Desarrollo Rural Carlos Ordóñez, quien había ocupado cargos públicos durante la gestión del MAS. Fue sustituido por Eliane Capobianco.

En marzo, el ministro de Defensa Luis Fernando López fue destituido y restituido. En mayo se produjeron los cambios de Wilfredo Rojo por Óscar Ortiz, en Desarrollo Productivo, y de Carlos Fernando Huallpa -después de denuncias de venta de cargos en el Ministerio de Minería- por Fernando Vásquez.
Los ministros actuales en una reunión de mayo.

Ojos verdes y respiradores

Después de 22 días como ministro Fernando Vásquez fue sustituido tras polémicas declaraciones sobre su apariencia física. “Con respecto a mi vinculación con el MAS creo que no tengo los requisitos. Tengo ojos verdes, pelo crespo y soy blanco”, dijo.

Su disculpa pública no evitó su destitución por las que Añez consideró “expresiones racistas”.

El mayor escándalo de corrupción de este Gobierno es el de la compra con sobreprecio de 117 respiradores que debían destinarse a paliar la pandemia.

Por el caso cayeron dos altos cargos: el director general de Asuntos Jurídicos Fernando Valenzuela y el director de Aisem Giovanni Pacheco. Y se llevaron consigo al ministro de Salud Marcelo Navajas.

El cirujano neumólogo, posesionado en reemplazo de Aníbal Cruz en plena pandemia, está aprehendido desde el 20 de mayo. La investigación avanza lentamente, pese al compromiso de Añez de acelerar las pesquisas “caiga quien caiga”.

“El servicio público en Bolivia es una actividad de alto riesgo porque la grave confrontación y la falta de institucionalidad pueden terminar con la libertad de los funcionarios”, apunta el abogado Lima.

Ministros degradados

La volatilidad del Gabinete se evidenció el 5 de junio, cuando el Gobierno eliminó los ministerios de Culturas, Deportes y Comunicación con el argumento de destinar esos fondos a la lucha contra la pandemia. Isabel Fernández fue nombrada viceministra de Comunicación; pero el futuro de los otros dos exministros -Martha Yujra y Milton Navarro- es aún incierto.

Sobre la gestión de Yujra pesan denuncias que van desde cobros de supuestos sobornos hasta maltrato a artistas en la pandemia. Además de la falta de pagos de los premios nacionales y Abaroa.

Cambiaron 5 directores de empresas públicas

Los gerentes de tres importantes empresas estatales -Entel, BOA y YPFB- fueron destituidos en los siete meses de este Gobierno entre denuncias de irregularidades. YPFB tuvo tres presidentes; mientras que BOA y Entel cambiaron a dos directores.

El 7 de febrero, Elio Montes fue destituido de la gerencia de Entel después de 80 días en el cargo. Y a partir de su salida se destapó el pago de finiquitos por un monto de 868.998,42 bolivianos para 13 funcionarios que habían trabajado menos de un mes en la estatal de telecomunicaciones.

A esas irregularidades se sumaron el auspicio de un millón de bolivianos pagado por Entel a un piloto de rally; además de elevadas facturas a nombre de la empresa por concepto de hospedaje y consumo en un hotel de cinco estrellas de La Paz.

Montes -que tenía un salario de 30.000 bolivianos mensuales- fue imputado ante la Justicia por conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito con afectación del Estado, entre otros delitos. Para entonces ya había salido del país rumbo a EEUU.
Montes, exgerente de Entel, está imputado por 5 delitos.
Foto: Freddy Barragán/ Archivo Página Siete

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tuvo tres presidentes durante el gobierno de Añez. El 17 de diciembre, José Luis Rivero fue relevado del cargo un día después de que afirmara que la estatal petrolera estaba quebrada. Fue sustituido por Herland Soliz Montenegro.

Soliz renunció el 5 de mayo en medio del escándalo por millonarios contratos directos para la compra de combustible, seguros y alimentos. En su lugar fue posesionado Richard Botello.

El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, señaló que se instauraron tres procesos investigativos sobre las compras irregulares de YPFB y que ya se hallaron indicios de delitos penales. Sostuvo que “hay fines
desestabilizadores que pretenden dañar la imagen de la estatal y la gestión gobierno”.

Boliviana de Aviación (BOA) también fue blanco de críticas durante la pasada gestión de Juan Carlos Ossio, quien fue posesionado como gerente general de la estatal de aviación el 19 de noviembre de 2019.

Ossio fue cuestionado por el cierre de varias rutas domésticas, entre ellas la de Uyuni, en desmedro de BOA. Asimismo, la diputada Claudia Mallón denunció que la gerencia pagó estadías en “lujosos hoteles” sin tener un justificativo.

Ante la negativa de presentar su renuncia, como pidió el Gobierno, Ossio fue destituido mediante una resolución suprema firmada por Añez. El 11 de marzo Carlos Eduardo Scott Moreno fue posesionado como nuevo gerente de BOA.

Punto de Vista

Iván Lima, exmagistrado del TSJ y analista
“El servicio público es de alto riesgo”

En general, el servicio público en Bolivia es una actividad de alto riesgo porque la grave confrontación y la falta de institucionalidad pueden terminar con la libertad de los funcionarios. Los mejores bolivianos evitan trabajar en el Estado y muchas veces ingresan aventureros, piratas o personas que quieren tomar venganza.

Un gobierno de transición no debería durar más de 90 días, el art. 169.I de la Constitución limita la transición a ese tiempo. El partido de la presidenta Añez, con una votación menor al 4%, no cuenta con los cuadros políticos y técnicos suficientes para cubrir todos los puestos estratégicos del gobierno. Si en condiciones normales es complejo reclutar cuadros de alta gerencia y dirección, en tiempos de pandemia y crisis política esa tarea es casi imposible.

La Ley Safco y la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz aportan a la inseguridad de los funcionarios que deciden y hacen gestión; lo contrario -la mediocridad y pasar desapercibido por no hacer nada- son el camino para no ser sospechoso potencial de ser un corrupto. En esas condiciones la presidenta Añez no puede ascender generales, no puede designar embajadores, solo puede ofrecer interinatos de pocas semanas y con la seguridad de que el nuevo gobierno revisará con lupa toda acción u omisión realizada en este corto periodo de transición, ¿quién quisiera asumir la función en esas condiciones?

Si a eso se suma la política del “caiga quien caiga”, se genera una sensación de obsecuencia, nepotismo y lealtad que contradice los valores constitucionales de institucionalidad.

No es comparable una gestión de 14 años con una gestión de 90 días ampliada por pandemia y crisis; sin embargo, existe un factor común a ambos periodos que es el gobierno de los interinos. La presidenta Añez viene de una sucesión constitucional aún no definida, ni el MAS ni ella decidirán si existió un golpe de Estado, esa decisión vendrá de los tribunales de justicia y sin duda la respuesta a esa pregunta marcará la vida de muchos funcionarios públicos, esta realidad constitucional es compleja y debe quedar garantizada en un debido proceso.

En la medida de que se siga ejerciendo el poder sin un estricto apego a la Constitución el riesgo es muy alto y seguramente los cambios continuarán porque todos saben que quien “apaga la luz” también es quien debe defender toda la gestión en los tribunales de justicia y la Contraloría.

El gobierno de la presidenta Añez tiene un punto de quiebre el día que decide asumir como candidata, en ese momento la medida de su evaluación y las decisiones del gobierno pasan de la transición a la campaña y el resultado será evaluado en las urnas y luego dependiendo del resultado en la justicia.

Pagina Siete

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