Comunarios de Tres Marías en emergencia: detenciones y criminalización por defender su territorio
- La detención de un padre de familia desata alarma en Yanacachi, mientras líderes comunales enfrentan órdenes de aprehensión por defender el territorio y el medioambiente.
En medio de un conflicto creciente en la comunidad de Tres Marías, Sud Yungas, la detención preventiva de César Condori, productor de flores y padre de familia, en la cárcel de San Pedro ha generado un estado de emergencia en la región. Condori, acusado de “lesiones leves y graves, avasallamiento de área minera y asociación delictuosa”, fue aprehendido tras una denuncia del apoderado de la Cooperativa Minera Salvadora Yerbani, Juan José Gómez Choque.
La tensión se intensifica con órdenes de aprehensión emitidas contra varios dirigentes y comunarios, entre ellos Isaac Catacora Mamani, secretario general de Tres Marías, quien denunció reiteradamente el ingreso de maquinaria pesada y policías en la zona bajo el argumento de “derecho preconstituido”. Los comunarios acusan a las cooperativas mineras de formar comunidades ficticias para justificar actividades extractivas ilegales.
Un video que circula en redes sociales muestra a Isaac Catacora pidiendo calma entre los bandos enfrentados mientras era golpeado, gritando: “¡Basta, basta!”. En otro registro, Lola Catacora, con palo en mano, enfrentó a más de 30 mineros, declarando: “De la flor vivimos, nos están dejando sin carretera”.
Criminalización de la defensa ambiental
La situación de Tres Marías pone en evidencia la creciente criminalización de quienes defienden el medioambiente y los derechos territoriales en Bolivia, según el abogado Jaime Cuellar, experto en minería ilegal. Cuellar cuestiona la legalidad de las órdenes de aprehensión emitidas por el fiscal Juan Chuyma Quispe, quien no presentó georeferenciación ni pruebas claras del supuesto avasallamiento.
“En Bolivia, los defensores ambientales enfrentan persecución judicial, estigmatización y violencia física y psicológica”, alertó Cuellar. Bolivia, como signataria de tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú, tiene la obligación de proteger a estos defensores, pero en la práctica se les trata como “enemigos del progreso”.
La estrategia de penetración minera
El conflicto tiene raíces en una estrategia organizada de las cooperativas mineras para penetrar el territorio de Yanacachi. A través de la creación de comunidades ficticias, como Ñequehauira Cotapata, estas cooperativas buscan legitimidad para sus operaciones. Según Fanny Catacora, los mineros obtienen certificaciones de uso de suelo sin consultar a la comunidad afectada.
Isaac Catacora recuerda que hace años perdió a sus padres en un deslizamiento causado por actividades mineras. “La minería del oro se ha descontrolado. Han convertido esto en una tierra sin ley”, lamenta.
El marco internacional ignorado
Bolivia ha firmado compromisos internacionales para proteger a los defensores ambientales, como la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos y el Acuerdo de Escazú. Sin embargo, las acciones del Estado reflejan un incumplimiento sistemático de estas obligaciones, exponiendo a los defensores a una constante vulnerabilidad.
La comunidad de Tres Marías continúa en emergencia, resistiendo lo que consideran un asalto a su forma de vida y a la vocación productiva de la región. “Estamos defendiendo nuestro territorio, no somos delincuentes”, enfatizan los comunarios, mientras enfrentan una lucha desigual contra intereses económicos y el propio sistema judicial.