Crisis en el Congreso: Ministro de Economía denuncia «sabotaje pactado» entre Morales, Mesa y Camacho
- Montenegro descarta decreto supremo para aprobar Presupuesto 2023 y acusa a la oposición de boicot económico
En una jornada legislativa cargada de tensiones, el Ministro de Economía y Finanzas Pública, Marcelo Montenegro, descartó la posibilidad de recurrir a un decreto supremo para aprobar el reformulado del Presupuesto General del Estado 2023. Montenegro, visiblemente molesto, no solo desestimó la opción legislativa, sino que lanzó fuertes acusaciones de un «sabotaje pactado» entre los líderes políticos Evo Morales, Carlos Mesa y Fernando Camacho en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
«Nosotros nos regimos por facultades que nos da la norma, en este momento, no existe ninguna normativa que permita habilitar el presupuesto mediante un decreto supremo», afirmó Montenegro, respondiendo así a la propuesta del senador de Creemos, Henry Montero. El ministro calificó el rechazo del proyecto de ley por parte de 92 legisladores del ala «evista» del Movimiento Al Socialismo (MAS), con el apoyo de las opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, como un «boicot económico».
«Queda claro para nosotros, como Gobierno nacional, que se ha realizado un atentado a la economía nacional, a la economía popular, a la economía regional, a la economía de los municipios, de las gobernaciones y también de las universidades», sostuvo Montenegro, destacando las amplias consecuencias que esta decisión podría tener a nivel nacional.
El rechazo al proyecto de ley también ha generado reacciones en diferentes sectores. El secretario ejecutivo del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), Freddy Mendoza, lamentó la situación y pidió a los legisladores que antepongan los intereses del país sobre los grupos minoritarios. Mendoza, en una declaración con tono preocupado, no descartó la posibilidad de activar movilizaciones en el sistema universitario en cualquier momento.
Por otro lado, el director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), Rodrigo Puerta, expresó su descontento, considerando lo sucedido en la sesión como una «puñalada en la espalda» para las alcaldías, especialmente en un contexto de necesidades urgentes para la atención por la sequía.
La crisis en el Congreso parece estar lejos de resolverse, y la incertidumbre sobre el futuro del Presupuesto General del Estado 2023 se cierne sobre Bolivia, mientras las diversas partes involucradas mantienen posturas firmes y la posibilidad de movilizaciones se vislumbra en el horizonte.