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Alcalde de La Paz, Iván Arias, bajo detención domiciliaria por acusaciones de violencia política

  • Exsubalcaldesa Jacqueline Chavarría revela detalles del proceso que culmina con medidas restrictivas para el líder municipal

En una decisión contundente, el juzgado cautelar anticorrupción dictaminó este martes la detención domiciliaria sin salida laboral para el alcalde de La Paz, Iván Arias, en el marco de un proceso judicial relacionado con acusaciones de violencia política.

La información, suministrada por la denunciante Jacqueline Chavarría, exsubalcaldesa del Macrodistrito Max Paredes y destituida por Arias en 2021, revela detalles intrigantes que arrojan luz sobre este complejo caso.

La audiencia, llevada a cabo de manera virtual, se convirtió en el epicentro de la atención pública, donde Chavarría explicó que, junto con la detención domiciliaria del alcalde, se impuso una fianza de 50 mil bolivianos y se establecieron garantías para la seguridad de la denunciante.

Chavarría, quien fuera subalcaldesa en 2021, sostuvo que su destitución fue consecuencia de denuncias de corrupción que había presentado contra funcionarios de confianza de Arias. Según sus declaraciones, el alcalde solicitó su renuncia como respuesta a las acusaciones.

La exsubalcaldesa detalló que, tras su denuncia, su oficina fue intervenida por funcionarios acompañados de la Guardia Municipal, generando un ambiente intimidatorio. Paralelamente, la Alcaldía difundía la versión de que su destitución estaba relacionada con actos de corrupción, menoscabando así su integridad y reputación.

Chavarría destacó que este proceso ha abarcado un periodo de dos años, durante los cuales no se ha podido demostrar su involucramiento en actos de corrupción. Según sus palabras, la imputación se emitió en enero, y tras varias suspensiones de la audiencia, finalmente se llevó a cabo este martes, marcando un hito en la prolongada batalla legal.

La detención domiciliaria de Iván Arias, un líder municipal destacado, plantea interrogantes sobre el desenlace futuro de este caso y sus implicaciones para el escenario político local. La sociedad paceña ahora espera con expectación el siguiente capítulo de este drama judicial que ha mantenido en vilo a la ciudad durante dos años.

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