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Ejecutan aplicaciones de seguridad pese a protestas y frágil regulación

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Con el sistema Uber, los pasajeros podrán confirmar los datos del automóvil y el conductor de acuerdo con la información que viene en la app.

Recientes protestas en Argentina y México han avivado la necesidad entre taxistas de utilizar aplicaciones de seguridad, como Uber (EEUU), DiDi (China), Beat (Grecia) o Cabify (España), que han consolidado su presencia en los servicios de transporte público en América, pese al inconformismo de algunos sectores y vacíos en regulación.

Con estas aplicaciones aquellas personas que pidan un viaje a través de Uber u otra aplicación recibirán una notificación en la que le recordarán que, antes de subirse al auto, revisen los datos para confirmar que los del automóvil y el conductor coincidan con la información que viene en la app.

Se trata de una medida para incrementar la seguridad de los pasajeros y también de los conductores de Uber. Y, para ello, volver a revisar la marca y el modelo del auto, además de la imagen del coche, junto al nombre y la foto del conductor.

EEUU es pionero en América y hoy los servicios de las firmas locales Uber y Lyft, que han protagonizado una feroz guerra de precios para ser líderes, están disponibles en las grandes urbes.

Las nuevas batallas se centran en aspectos como cuántos vehículos pueden circular al mismo tiempo (Nueva York) o si los conductores deben ser considerados legalmente como empleados (California).

El desencanto con el transporte público, el “boom” de la economía colaborativa y la informalidad impulsan estas alternativas en Latinoamérica, en donde un 81 % de la población vive en áreas urbanas.

La compañía Uber respondió por escrito un cuestionario en el que dijo que está presente en más de 150 ciudades de Latinoamérica y que cuenta con 1 millón de socios conductores registrados en la región.

Brasil reglamentó este tipo de aplicaciones en 2017 y determinó el pago de tributos, la contratación de un seguro de accidentes para pasajeros y la inscripción del conductor en el sistema público de pensiones.

Ante los vacíos en la regulación nacional, las ciudades argentinas de Buenos Aires y Córdoba promulgaron leyes para frenar el avance de Uber pero no han logrado bloquear la plataforma, que en julio de este año registró más de un millón de usuarios activos en todo el país.

En México tampoco existe una legislación federal pero sí hay regulaciones locales como en la capital, cuyo Gobierno obligará a los conductores a que tramiten una nueva licencia, usen una tarjeta distintiva y pasen una revisión obligatoria.

El Senado de Chile, país en donde operan Uber, Cabify, Beat y DiDi, aprobó un proyecto de ley para regularlas y ahora se analizará en las comisiones de la Cámara Alta.

Uruguay ha dado pasos firmes en regulación y de hecho en la capital se aprobó un decreto para habilitar el servicio de vehículos privados contratados a través de plataformas.

Asunción, capital de Paraguay, también legalizó ese servicio con una ordenanza municipal que provocó protestas de taxistas.

Uber no está disponible en Venezuela, país en donde han operado varias plataformas pero actualmente solo está operativa Nekso (nació en Canadá), que en 2018 reportó más de 200.000 usuarios inscritos.

Por su parte, en Ecuador y en Colombia la ausencia de una ley explícita provoca un vacío legal que puede suponer multas a los conductores de estas plataformas y sanciones a las empresas. Pese a ello, los usuarios usan estos servicios sin dificultad. (Agencias)

Los 100.000 conductores que ofrecen el servicio de transporte en Uber, Beat, Cabify, entre otras ‘apps’ en Perú podrán ser supervisados y sancionados gracias a una norma aprobada el año pasado y que está a la espera de su ratificación.

En Bolivia, La Paz, sede del Gobierno, regula el transporte de pasajeros contratado mediante plataformas como Uber, que es la única que permanece en el país pues Easy Taxi dejó de operar en 2018.

En Panamá, el servicio es legal gracias a un resolución y Uber es la dominante, ya que tiene 280.000 usuarios pese a enfrentar el repudio de taxistas y dejar de cobrar en efectivo.

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