ALP condiciona uso de créditos a pago de bono contra el hambre

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La Asamblea Legislativa aprobó la ley que crea el Bono contra el Hambre, por un monto de 1.000 bolivianos; no obstante en la norma condiciona el uso de los recursos provenientes de créditos internacionales y establece que si hay un sobrante del monto total, sólo podrá ser usado mediante otra norma.

“Si luego de finalizado el pago del Bono contra el Hambre hubiera un saldo remanente del monto total del financiamiento, éste sólo podrá ser dispuesto a través de una ley que especifique el destino de los recursos”, señala el parágrafo II del artículo 3, norma que fue sancionada por el pleno de la Cámara de Diputados y que ahora espera la promulgación del Poder Ejecutivo.

Incluso en el inciso a y b del mismo artículo, norma propuesta por el candidato a la presidencia por el MAS, Luis Arce, y legisladores del mismo partido, especifica que el bono será financiado con los recursos provenientes de los contratos de los créditos externos suscrito entre Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de 450 millones de dólares.

Y con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento, ambos del Banco Mundial, por un total de 254 millones de dólares.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Planificación y Economía de la Cámara de Diputados, Otilia Choque, afirmó que los créditos provenientes del BM y el BID suman en total 704 millones de dólares, de los cuales, haciendo un cálculo, alrededor de 550 millones serán utilizados para el pago del bono, y que el restante ($us 154 millones) si se lo quiere usar, debe ser aprobada por norma.

“Los dineros que sobren de los dos créditos, para volver a usarlo se debe aprobar una ley, esto es con el fin de transparentar el uso de los recursos públicos y que serán pagados por todos los bolivianos”, anticipó Choque.

El Bono contra el Hambre será otorgado por única vez y los beneficiarios serán las personas que no sean empleados del sector público o privado; ser mayores de 18 años a la promulgación de la ley, los que significa que si el Gobierno lo promulga el viernes 14 de agosto, todos los jóvenes que cumplan 18 años hasta esa fecha podrán beneficiarse.

Además, alcanzará a las madres que reciban el Bono Juana Azurduy, personas con discapacidad y beneficiarios del Bono Universal, a diferencia de éste último sólo se cancelaba a los que no hayan cobrado ningún otro bono como la Renta Dignidad o el Azurduy.

En las disposiciones finales, la norma determina, en el marco de la transparencia, las autoridades de gobierno deberán informar cada mes a la Asamblea Legislativa sobre el avance de la ejecución de la norma sancionada.

Las repercusiones

El viceministro de Inversión Pública y Financiamiento, Gonzalo Quiroga, afirmó que no se puede sancionar una norma que haga uso de los créditos y que ésta antes debe ser aprobada con otras normas. Otro de los errores que evidencia es que los destinos del crédito son para inversión y no están considerados para el Bono contra el Hambre.

“En el caso del BID tiene tres elementos claves, uno es el pago de las facturas de electricidad hasta 120 bolivianos y el otro es para pagar los diferenciales de la renta Dignidad. Entonces estos eran los objetos de los créditos, más allá de eso no se puede usar, cualquier otro tema requerirá una nueva negociación con el organismo internacional. Si se hacen cálculos es obvio que los recursos no alcanzarán para pagar y sería irresponsable decir que así será”, declaró a la Red Unitel.

Entretanto, el ministro de Economía, Óscar Ortiz, cuestionó que la Asamblea haya aprobado una norma reciente, pero no sancionan el crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 327 millones de dólares, que será para financiar el Bono Salud de 500 bolivianos. En una entrevista con Radio Fides, también dijo que los otros créditos con los que se pagaría el Bono contra el Hambre fueron gestionados por este Gobierno, pero siguen paralizados en la Asamblea. Este medio intentó contactarse con el ministro Ortiz, a través de la dirección de comunicación, pero no respondieron ni realizaron las gestiones.

Pagina Siete