- El sector minero cooperativo exige soluciones inmediatas al desabastecimiento de combustibles y pide agilizar trámites mineros, bajo amenaza de protestas nacionales.
La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) lanzó un ultimátum al presidente Luis Arce Catacora y su gobierno, otorgándoles 72 horas para resolver la crisis de combustibles que afecta al país. El anuncio, realizado la noche del viernes, incluye una advertencia: de no atenderse sus demandas, el sector minero iniciará movilizaciones en defensa de sus fuentes de trabajo y la estabilidad económica de la población.
En un comunicado, Fencomin exigió a las autoridades, “desde el presidente hasta senadores y diputados”, que dejen de lado sus disputas internas y prioricen una solución al desabastecimiento de combustibles, que impacta no solo a las cooperativas mineras, sino también a la población en general. El plazo comenzará a regir a partir del lunes 17 de marzo de 2025.
La organización criticó duramente las 10 medidas anunciadas por el gobierno para enfrentar la crisis, calificándolas de “ineficientes” y señalando que no han logrado mitigar el problema. Además, alertaron sobre el aumento de la inflación y su impacto en la economía familiar.
Fencomin también exigió al Ministerio de Minería que, en el mismo plazo de 72 horas, remita al Legislativo los trámites de contratos administrativos mineros, con las minutas firmadas, para su aprobación inmediata. Asimismo, pidieron al Ministerio de Defensa garantizar la compra directa de material explosivo, eliminando intermediarios y reduciendo la “excesiva burocracia” que, según ellos, entorpece el desarrollo de sus actividades.
El movimiento minero cooperativo, uno de los sectores más importantes del país, dejó en claro que no dudará en tomar medidas más contundentes si sus demandas no son atendidas. “Nos vemos obligados a defender nuestras fuentes de trabajo y la estabilidad económica de Bolivia”, concluyó el comunicado, marcando un tono de urgencia y firmeza ante la crisis que atraviesa el país.
Con este ultimátum, el gobierno de Luis Arce enfrenta una nueva presión en medio de un escenario económico complejo, donde la resolución de la crisis de combustibles se ha convertido en un tema prioritario para evitar un posible estallido social.