Pérdida de evidencias, la traba en los procesos de feminicidios

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Los familiares de las víctimas de feminicidios advirtieron ayer que en el transcurso del proceso judicial se pierden las pruebas para inculpar a los autores. Piden celeridad y atención transparente en todos los casos.

“Sufrimos una serie de obstáculos desde el levantamiento del cadáver de la víctima. Durante el proceso se van perdiendo pruebas, en la autopsia existen muchas versiones y dan certificados que no son verídicos en relación con la violencia que sufrió la víctima”, dijo Estela Quintana, tía de Abigail, una joven que fue asesinada en junio del año pasado por su exenamorado.

Quintana contó que el cuerpo de la adolescente de 17 años fue encontrado con ropa, pero en el acta de prendas del levantamiento sólo se cotejó la ropa interior. “¿Qué pasó con sus otras prendas, eran pruebas para ver si el autor actuó o no solo?”, dijo. Aseguró que esas pruebas son fundamentales porque en la mayoría de los casos los autores no actúan solos, “siempre tienen cómplices”, añadió.

Otro problema -según los familiares- es que cada vez cambian de fiscales. Esto hace que los familiares comiencen nuevamente de cero y los procesos se prolonguen. Hay casos que llevan más de siete años sin sentencia. Otros procesos se cierran por el tiempo, pero los familiares reabren los casos porque no encuentran justicia. “Es un calvario para nosotros”, lamentó Quintana.

El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, dijo ayer que solicitó a la Fiscalía el nombramiento de un equipo especial de fiscales para agilizar las investigaciones.

Quintana dijo que no se cumplen los plazos procesales y lamentó que los abogados del Estado, designados como dispone la ley, siempre buscan favorecer a los imputados.

“Nos sentimos bastante desprotegidos, pedimos atención para los huérfanos porque estos crímenes destruyen familias y los hijos de las víctimas a veces quedan con traumas muy grandes”, dijo. Acotó que en representación de las familias de las víctimas piden transparencia, celeridad y gratuidad en los procesos.

Quintana entregó a la presidenta Jeanine Añez un legajo de 14 procesos que aún no tienen sentencia. “No somos una cifra más, somos una cifra que se pierde día a día”, dijo ayer en el acto que se realizó Palacio de Gobierno.

Luego de la ceremonia, en la puerta del Palacio de Gobierno, los familiares de las mujeres asesinadas protestaron y solicitaron la destitución de varios fiscales y jueces porque no ayudan en agilizar los procesos.

Emergencia por la Ley 1173

La Fundación Voces Libres se declaró en emergencia y solicitó al Gobierno paralizar la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal porque “el Estado no está preparado para ese sistema judicial y aún no existen condiciones”. Aseguraron que temen que los feminicidas salgan de la cárcel para darse a la fuga o vengarse de los familiares de sus víctimas.

La representante de la fundación, Marcela Cortez, indicó que si el Gobierno quiere luchar contra la impunidad, debe paralizar “la Ley 1173, porque desde su vigencia -el 5 de noviembre- todos los casos de feminicidios de anteriores años y los 12 que se registraron este 2020 están corriendo un plazo de detención preventiva de seis meses”. Indicó que esto significa que los detenidos quedarán en libertad en ese plazo.

Indicó que la Presidenta dijo que exigirá al Consejo de la Magistratura y el Órgano Judicial que mejoren la atención de los casos de feminicidio, pero ¿cómo se puede mejorar si en las condiciones actuales tenemos una retardación de justicia de más de 10 años? “¿Cómo van a mejorar si no tienen los suficientes recursos y no los tendrán a mediano o corto plazo”, añadió.

Pagina Siete.