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Presidente del TSJ defiende la autonomía judicial y responde a críticas sobre la prórroga de magistrados

  • Ricardo Torres niega actitudes delincuenciales del Órgano Judicial y resalta la necesidad de denuncias concretas

En medio de crecientes cuestionamientos sobre la llamada «autoprórroga» de los magistrados, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, salió en defensa del Órgano Judicial, refutando enfáticamente las acusaciones de actitudes delincuenciales y reiterando la necesidad de denuncias concretas para abordar casos específicos.

En una rueda de prensa, Torres respondió a la pregunta crucial sobre si los magistrados poseen los méritos necesarios para mantenerse en sus cargos, especialmente en un contexto donde la Justicia enfrenta críticas de sometimiento político y reclamaciones por parte de litigantes.

«No es el Órgano Judicial que institucionalmente, de manera corporativa, asume actitudes delincuenciales o se aparta de la Constitución y las normas. Su pregunta daría a entender aquello. Y yo niego enfáticamente. Pueden haber operadores de Justicia que sí se apartan, pero tienen que ser denunciados de manera específica concreta y en lo posible con nombre y apellido», declaró el presidente del máximo tribunal del país.

En relación con las amenazas de enjuiciar a los magistrados por la prórroga en su mandato, Torres destacó la necesidad de aplicar el mismo criterio a las autoridades prorrogadas en 2020. Recordó que el Tribunal Constitucional respaldó la extensión del mandato de la entonces presidenta Jeanine Añez y otras autoridades, argumentando la necesidad de evitar un vacío de poder.

Para Torres, la prórroga de 2020 y la actual situación de los magistrados son análogas, defendiendo la legalidad de ambas decisiones.

Cabe destacar que el presidente del TSJ fue el responsable de solicitar al Tribunal Constitucional que se pronunciara sobre el tema de las elecciones judiciales. El fallo resultante declaró la inconstitucionalidad de la ley del Senado que regula la preselección de candidatos, estableciendo la prórroga de los magistrados actuales hasta que sean reemplazados por nuevos funcionarios elegidos por voto popular.

El debate sobre la autonomía judicial y la legitimidad de las prórrogas en el ámbito político y judicial continuará siendo un tema candente en la agenda nacional, mientras la sociedad espera claridad y transparencia en las decisiones que afectan la administración de justicia en el país.

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