Tras casi dos meses, Fiscalía confirma la toma de predios en el centro Kim
Después de casi dos meses de la toma del Complejo Turístico Kim, en Santa Cruz, por parte de un grupo violento de avasalladores, el Ministerio Público confirmó el hecho y verificó en una inspección que se generó un daño ambiental en los acuíferos. En las denuncias presentadas identificaron a 11 cabecillas y el Gobierno anunció operativos policiales para desalojarlos.
En el recorrido por la propiedad privada, la comisión verificó la instalación de carpas donde encontraron machetes, palos y otros elementos que usaron días atrás los integrantes del grupo violento. También verificó que los avasalladores usaron maquinaria pesada para abrir caminos, destruir la vegetación y tapar con tierra los canales que forman parte de los acuíferos.
“Hay hechos denunciados por la familia Kim, avasallamientos, lesiones graves y leves, y otros tipos penales. No vamos a permitir que haya el tema de tráfico de tierras en nuestro departamento; es por eso que estamos acá presentes como Ministerio Público” dijo ayer el fiscal departamental, Roger Mariaca.
La invasión a los predios ocurrió el 22 de octubre de 2022, un día después de iniciado el paro cruceño por el censo 2023. Días después, la familia Kim presentó la denuncia penal contra los líderes que invadieron su propiedad y fueron identificados como parte de los interculturales del MAS. Desde esa fecha alertaron que son víctimas de amenazas, amedrentamiento y hasta secuestro porque les impiden salir de su propiedad. En los últimos días hubo ataques violentos contra los vecinos y periodistas.
Cuando Mariaca realizaba la inspección, los propietarios le reclamaron la inacción del Ministerio Público y de la Policía. “Hagan algo (…) la Policía no ha hecho nada, quisiera que investigue a todas las personas que han atacado a la población”.
Suman las denuncias
Ayer se presentaron tres acciones judiciales en contra de los avasallamientos y la indiferencia e inacción de la Policía y el Ministerio Público. Identificaron a los cabecillas de la toma ilegal. La primera es una denuncia penal que presentó la Dirección General de Medioambiente del municipio cruceño contra los avasalladores que invadieron los acuíferos por el daño ambiental y la pérdida de fauna silvestre que ocasionaron sus acciones violentas.
El director de Medioambiente, Ruddy Valverde, afirmó que se identificó a 11 personas que cometieron esos actos ilícitos y mediante un informe técnico se revela que los avasalladores quemaron 60 hectáreas. “Eso se constituye en un delito”.
Días atrás también se presentó una acción administrativa en contra de los 11 identificados como avasalladores con una multa de 99.000 bolivianos.
El segundo hecho es una acción popular que presentó la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz para exigir a la Policía que actúe con premura y defienda los acuíferos.
“La acción popular es en contra de los culpables; nosotros hemos nombrado a las personas que están claramente identificadas y lo que se necesita es que la Policía tome parte en esto”, dijo el presidente de la ALD cruceña, Zvonko Matkovic.
El tercer hecho es una conminatoria escrita que presentaron diputados de Comunidad Ciudadana al comandante departamental de la Policía, Jhonny Chávez, a quien le exigen que “tome acciones de manera inmediata contra los delincuentes que se encuentran con armas tomando territorios que son propiedad privada”.
Pagina Siete