Fiscalía investiga a Evo Morales por supuestos casos de corrupción durante su gestión
- Exparlamentarios Barral y Yarhui solicitan alerta migratoria y apertura de investigaciones sobre presunto daño económico al Estado de mil millones de dólares.
La Fiscalía General del Estado ha instruido al Fiscal Departamental de La Paz, William Alave, que procese una solicitud de alerta migratoria y abra una investigación contra el expresidente Evo Morales. Esta acción surge tras las denuncias de los exparlamentarios Amilcar Barral y Yesenia Yarhui, quienes el pasado 9 de octubre solicitaron que se indaguen diversos casos de supuesta corrupción cometidos durante la gestión del exmandatario.
La disposición de la Fiscalía está respaldada por una nota firmada por el director de Gestión Fiscal y Supervisión, Roberto Ignacio Almendras Gamarra, quien, en una misiva dirigida a Alave, detalla la importancia de atender las denuncias según lo estipulado en la Ley 260. «Remito a conocimiento de su autoridad dicha nota y sus antecedentes, a objeto de que en el marco de sus atribuciones establecidas en el art. 34.3 de la Ley 260, la procese conforme corresponda», señala el documento que fue difundido por Barral en sus redes sociales.
Entre las acusaciones más graves presentadas por Barral y Yarhui, destaca el caso de la exnovia de Morales, Gabriela Zapata, vinculada a la empresa china CAMC, la cual habría sido beneficiada con contratos millonarios mediante un supuesto tráfico de influencias, generando un daño económico estimado en 566 millones de dólares.
Otro de los casos mencionados es el del Fondo Indígena (FONDIOC), donde se habrían malversado 182 millones de dólares destinados a proyectos para comunidades indígenas vulnerables. También se incluyen en la denuncia la compra de barcazas chinas con un sobreprecio de 30 millones de dólares, y los presuntos sobrecostos en proyectos de infraestructura de la Empresa de Construcciones del Ejército (ECE), que sumarían 40 millones de dólares.
Además, los exparlamentarios exigen que se investiguen contratos firmados por YPFB con la empresa Catler Uniservis, por un monto de 86 millones de dólares, así como el caso AIR CATERING S.R.L., en el que la empresa estatal Boliviana de Aviación (BoA) habría incurrido en irregularidades con un contrato por 3 millones de dólares.
Según Barral y Yarhui, el daño económico total al Estado boliviano sería de 1.000 millones de dólares, y consideran que la Fiscalía debe actuar de manera «exhaustiva y diligente» para esclarecer estos hechos que, a su juicio, han quedado impunes. «Es fundamental que se realice una investigación profunda sobre cada uno de estos casos», insistieron los exparlamentarios en su carta dirigida al Fiscal General, Juan Lanchipa.