- Disputa interna y debate constitucional en medio de la preparación para los comicios judiciales
- La Asamblea Legislativa y el futuro de los magistrados: Un camino incierto
La escena política boliviana se encuentra sumida en un intenso enfrentamiento entre dos facciones del Movimiento al Socialismo (MAS), los «renovadores» y los «radicales», mientras el tiempo avanza implacable hacia la fecha límite establecida por el Tribunal Supremo Electoral para la presentación de la lista de candidatos a magistrados, una preparación que ha sido obstaculizada por la falta de consenso en proyectos de ley en la Asamblea Legislativa. Este fin de semana, las acusaciones mutuas han alcanzado un nuevo nivel de intensidad, centradas en la posibilidad de prorrogar el mandato de los actuales magistrados.
La propuesta de extender el mandato por dos meses ha emergido como una posible solución, buscando que la Asamblea Legislativa apruebe, por una mayoría de dos tercios, una ley que aborde el reglamento para la selección de candidatos. Sin embargo, esta iniciativa choca con la declaración del Tribunal Constitucional Plurinacional, que previamente tachó de inconstitucional el reglamento previamente aprobado a nivel de la Comisión Mixta, presidida por la senadora Patricia Arce del MAS.
En este contexto, el ministro de Justicia, Iván Lima, ha enfatizado que no existe un fundamento constitucional para extender el mandato de los magistrados, cuyo período finaliza el 31 de diciembre de 2023. Cualquier propuesta en esa dirección sería considerada inconstitucional, advirtió Lima. Importante destacar que el impulso de esta idea no provino del diputado «renovador» Andrés Flores, líder de la bancada del MAS, sino que fue iniciativa de Patricia Arce, en colaboración con Silvia Salame.
Lima afirmó que esta propuesta, que busca extender el mandato hasta el 31 de enero, fue respaldada por Miguel Pérez, jefe de la bancada del Senado del MAS, bajo la instrucción de Evo Morales. El ministro de Justicia acusa a Morales de dirigir a Patricia Arce, Flores y otros senadores, para asegurar la aprobación de esta ley, destacando que la senadora Silvia Salame, al parecer, ya no forma parte de Comunidad Ciudadana.
El ministro Lima subraya que esta medida abriría la puerta a la posibilidad de extensiones indefinidas, lo que, a su juicio, revela una doble moral en algunos políticos del país. Asegura que, aunque Morales declara públicamente que no desea extender los mandatos, sus senadores ya han hecho precisamente eso hasta el 31 de enero. Este choque de declaraciones y acusaciones ha contribuido a elevar la tensión en el entorno político.
Por su parte, Morales ha dejado claro que la posición oficial del MAS no es la de extender los mandatos, sino la de cumplir estrictamente con lo establecido en la Constitución. El líder del MAS lamenta la alianza de los «renovadores» con la oposición, especialmente en casos como la Ley del Censo y la Ley del Oro, donde demostraron que la suma de «renovadores» y opositores supera los dos tercios necesarios.
La bancada «radical» liderada por Morales exige a los «renovadores» que, de una vez por todas, en conjunto con la alianza de derecha, aprueben la ley necesaria para garantizar la elección de los magistrados, un proceso que debería llevarse a cabo en la primera semana de diciembre. Sin embargo, parece que ambas facciones han perdido interés en impulsar esta crucial legislación, dejando a Bolivia en una situación de incertidumbre respecto al futuro de su sistema judicial. A menos de 19 días de la fecha límite, el país espera una resolución que asegure la continuidad de sus instituciones judiciales.