Imputan a juez de Coroico por suspensión ilegal de magistrada electa del TSJ
Le hallaron sellos oficiales, documentos firmados en blanco y una plantilla con instrucciones para dictar fallo; Fiscalía pide su detención preventiva por seis meses.
El juez de Instrucción Penal de Coroico, Marcelo Lea Plaza, fue imputado por cinco delitos tras dictar la suspensión de manera irregular de Fanny Coaquira, magistrada electa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La Fiscalía sostiene que el juez actuó fuera de su competencia y en coordinación con intereses particulares, presumiblemente para favorecer al magistrado suplente Iván Ramiro Campero Villalba.
Según el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Tórrez, durante el arresto de Lea Plaza se encontró en su poder sellos de diferentes instituciones judiciales, papeles firmados en blanco por abogados y partes interesadas, además de una plantilla prediseñada con directrices sobre cómo debía fallar. Todo esto refuerza la hipótesis de una posible estructura de manipulación judicial.
La suspensión de Coaquira fue consecuencia de una acción de cumplimiento presentada por Antonio de la Fuente Amelunge, quien cuestionó los méritos académicos de la magistrada electa. El juez argumentó que una supuesta falsedad en su experiencia como docente universitario habría distorsionado el voto ciudadano en las elecciones judiciales de diciembre de 2023.
Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral ya había cerrado esa observación durante el proceso de selección, lo que agrava la situación de Lea Plaza, acusado ahora de tráfico de influencias, consorcio, falsificación de sellos y tenencia ilícita de documentos oficiales, entre otros cargos.
La Policía Anticorrupción allanó su despacho en Coroico, donde halló también sellos de la Policía Boliviana, del Consejo de la Magistratura, de vocales del Tribunal Departamental de Justicia y de la Unidad Anticorrupción, entre otros. Se presume que estos podrían haber sido utilizados en más casos irregulares.
La Fiscalía solicitó detención preventiva por seis meses para Lea Plaza, debido a los riesgos procesales y la existencia de múltiples actos investigativos pendientes. No se descarta la ampliación del caso contra otros funcionarios del Órgano Judicial y del Consejo de la Magistratura, además del posible involucramiento del propio magistrado suplente Campero.
El caso fue declarado en reserva, mientras crecen las sospechas de una estructura paralela de poder judicial usada con fines políticos, debilitando aún más la credibilidad de un sistema ya cuestionado por su parcialidad e instrumentalización.