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El Gobierno quiere nuevas normas para atraer inversiones sin llegar a arbitrajes

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El jueves y viernes se desarrollaron las Decimas Jornadas de Arbitraje, evento en el que, entre otros temas, se habló de la necesidad de un nuevo marco normativo para atraer inversiones luego de que Bolivia, en el pasado, denunció los Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs) suscritos y renegoció tratados internacionales para su adecuación a la Constitución Política del Estado (CPE).

El Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, dijo que el mensaje que ahora el Estado quiere dar a la comunidad internacional es que Bolivia quiere contar con inversiones y establecer reglas claras para atraer el interés de los inversionistas y no tener que llegar a arbitrajes. “El mensaje debe ser claro y es que queremos tener inversiones, queremos fijar reglas de seguridad jurídica que permitan la inversión y que no lleguemos al extremo de procesos arbitrales y más bien tengamos mecanismos internos que nos permitan llegar a acuerdos entre el Estado y las empresas”, puntualizó.

Agregó que falta normativa por completar y admitió que existen vacíos y que la Ley de Inversiones es un tema pendiente.

Explicó que a partir del nuevo modelo vigente desde 2006 con la llegada del expresidente Evo Morales al poder, se toma la decisión de revisar los 22 acuerdos de inversiones. En ese marco, se crea la Procuraduría que, según la Constitución Política del Estado (CPE), tiene la misión de defender los derechos del Estado.

Añadió que a partir de los procesos de nacionalización de empresas que estaban en manos compañías privadas surgieron demandas, aunque, según Chávez, no se llegó a la expropiación, ni se desconocieron derechos, sino que se negoció la recompra de acciones y se fijaron nuevas reglas.

Producto de las demandas, la Procuraduría hasta el pasado 20 de septiembre de 2021 ha afrontado varios arbitrajes de inversión. “Sabemos que en un arbitraje la pretensión de los demandantes es un derecho y puede o no sea acogido por el Tribunal. La Procuraduría ha logrado una rebaja en la pretensión inicial de los demandantes (indemnización). Se ha logrado solo reconocer un 15% de los montos en demanda, es una cifra creemos razonable sobre las pretensiones mayúsculas que hemos tenido”, precisó.

Iver von Borries, abogado experto en hidrocarburos y socio del consorcio Wayar & von Borries, explicó a Página Siete que se debe reconstruir el andamiaje normativo y de derecho de inversión en Bolivia.“Por qué digo reconstruir, porque con razones que no voy a opinar si han sido buenas o malas, el Estado ha denunciado el convenio de Ciadi y luego los Tratados Bilaterales de Inversión, ese es el andamiaje jurídico que se debe reconstruir”, precisó.

Explicó que cuando el inversor del exterior quiere venir a Bolivia, lo primero que se fija es si su país tiene algún convenio vigente de protección recíproca de inversiones en la nación donde par a colocar su inversión. “Al no contar con ese instrumento, es muy difícil, salvo que en el contrato de inversión se brinden las garantías suficientes, pero creo que eso en el país es algo incipiente para que la empresa privada o pública del extranjero venga a invertir al país”, puntualizó Von Borries.

Por eso el especialista subrayó la necesidad de reconstruir el andamiaje normativo porque si se reconoce que la Inversión Extranjera Directa es importante para Bolivia, se debe garantizar reglas claras. “Esto a través de mecanismos en el ámbito del derecho internacional, es decir tratados y convenios donde se den garantías para la inversión en Bolivia”, complementó.

Aclaró que esto no necesariamente implica un retorno al Ciadi, pero alternativamente se pueden ofrecer como Estado otro tipo de garantías que animen a los inversionistas a venir a Bolivia.

En el caso de hidrocarburos, sostuvo que más allá de una nueva Ley sectorial, lo que se necesita es reconstruir la normativa sobre inversión extranjera directa de una forma clara con garantías y que sea amistosa con el inversor.

Para Von Borries la demanda de un inversor privado contra un Estado, nunca es buena como punto de partida, pero aclaró que son muchas las situaciones que se pueden presentar, es decir evaluar la legitimidad del reclamo y la pretensión.

En el caso de Bolivia, la mayoría de los arbitrajes se presentaron como una consecuencia de los procesos de nacionalización y los mas bullados se dieron el sector de hidrocarburos. “El Estado es soberano y libre para tomar esas decisiones, pero las mismas siempre generan consecuencias jurídicas. Hay tres acciones que no son bien vistas: expropiaciones, confiscaciones y nacionalizaciones. Esto va generar situaciones que tocará enfrentar si las empresas persiguen arbitrajes y encuentran en el Ciadi una sede idónea”, dijo.

Urge un mejor sistema judicial para atraer capitales

El presidente de la Sociedad Boliviana de Arbitraje, Bernardo Wayar, opinó que urge un sistema judicial para que haya confianza en el país.

Mejorar el clima para la llegada de inversiones al país no solo pasa por suscribir tratados, sino que el sistema judicial funcione de manera idónea, ya que el pilar de desarrollo de un país es la justicia.

“Yo creo que si tuviéramos un mejor sistema judicial , llegaría mucha inversión. Brasil por ejemplo no tiene suscrito ningún tratado de protección recíproca de inversiones, pero tiene mucha inversión y eso es porque las reglas de juego que se establecen en los contratos se cumplen. Cuando no se cumplen, hay jueces que hacen cumplir los contratos”, dijo

Añadió que la Inversión Extranjera Directa requiere que se establezcan nuevas reglas luego de que Bolivia en el pasado denunció los Tratados de Inversión.

Explicó que la comunidad internacional en la actualidad está revisando esto y poner en vigencias reglas más justas para los países y los inversores y por lo que adelanta el Procurador, Bolivia se encuentra en esa tarea de generar certeza y proyección a la inversión de empresas internacionales.

Las normas no se cierran a la firma de tratados.

Fuente: Pagina Siete

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