Diputados solicitan investigación contra el ministro Juan Santos por denuncias de corrupción
- Comunidad Ciudadana y Creemos exigen al presidente Arce tomar medidas y proteger a la denunciante
Tras la denuncia pública realizada contra el ministro Juan Santos por presuntas actividades corruptas, diputados de las tres fuerzas políticas han solicitado una exhaustiva investigación sobre la autoridad de gobierno involucrada.
El diputado José Manuel Ormachea, representante de Comunidad Ciudadana, ha exigido al presidente Luis Arce apartar al ministro de su cargo, ya que las revelaciones realizadas por la denunciante lo incriminan en serios actos de corrupción. Ormachea enfatizó la importancia de tomar medidas firmes para garantizar la transparencia y el respeto a la ley.
Por su parte, Zacarías Laura, diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), ha afirmado que el gobierno no tolerará ningún acto de corrupción y que este caso se encuentra en manos de la fiscalía, la cual debe brindar una respuesta clara y contundente sobre estas acusaciones. Laura destacó la necesidad de respetar el debido proceso y garantizar una investigación imparcial.
En consonancia con estas demandas, el diputado Sergio Maniguary, perteneciente a Creemos, ha manifestado que el ministro debe ser apartado de su cargo de manera inmediata. Asimismo, ha solicitado al gobierno llevar a cabo una investigación exhaustiva y sancionar a aquellos que se beneficiaron con grandes sumas de dinero de forma ilegal. Maniguary subrayó la importancia de preservar el principio de probidad en el ejercicio de la función pública.
Tanto Comunidad Ciudadana como Creemos han expresado su preocupación por la seguridad de la denunciante y han pedido que se le brinde protección para garantizar su integridad mientras se lleva a cabo la investigación contra el ministro por estos presuntos actos de corrupción relacionados con coimas.
La sociedad espera que las autoridades competentes tomen medidas rápidas y efectivas para esclarecer estos graves señalamientos y que se aplique la justicia en caso de que se confirmen las irregularidades denunciadas.