Desconocimiento de la Convención Americana y violación de la ética Periodística
La ministra de Comunicación, Isabel Fernández, dijo ayer que retiró la publicidad estatal a Gigavisión porque este canal de televisión no aparece siquiera en el raiting. El anuncio fue realizado después que este medio difundió informaciones que revelaron el uso ilegal de bienes públicos por parte de funcionarios del gobierno transitorio de Jeanine Añez.
“Parece que empezó la molestia con la denuncia del viaje de la diputada Gina Torres que viajó junto a su hijo en un avión de la FAB”, aseguró también ayer Junior Arias, propietario de Gigavisión.
La decisión de la Ministra infringe el artículo 13.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece: “No se puede restringir el derecho de expresión por medios o vías indirectas, tales como el abuso de controles oficiales (…) o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación o circulación de ideas y opiniones”.
Esta norma está desarrollada en el principio 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública (…), la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial (…) con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por ley”.
Esta práctica antidemocrática de premiar o castigar con la publicidad estatal, que no es más que el uso arbitrario del dinero público en beneficio de un partido o un político, fue una regla del gobierno de Evo Morales durante casi 14 años para poner a su servicio a periodistas y medios.
De este modo, benefició a medios de comunicación con dinero de la gente para que los periodistas de esos medios no informen a la misma gente como establecen las reglas éticas, ni fomenten la circulación de voces plurales y diversas de la propia gente como exige la democracia para funcionar como gobierno de la opinión pública
Uno de los canales de televisión beneficiados con tu dinero, con el dinero de tu vecino, tu amigo, de tu mamá, de tu hermana fue Gigavisión, que en sólo tres años (2017-2019) recibió 31,5 millones de bolivianos (4 millones 500 mil dólares) vía propaganda en beneficio del político Evo Morales.
Para prevenir el sometimiento, el código de ética de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) exige:
1) Estar al servicio de la verdad, la justicia, el bien común, los derechos humanos, la paz, la democracia, la libertad y los intereses nacionales.
2) Contribuir a la vigencia y fortalecimiento del sistema democrático.
3) Combatir intransigentemente cualquier actitud oficial u oficiosa que tienda a conculcar derechos y libertades establecidas en la Constitución y en la Declaración Universal de Derechos Humanos y, particularmente, la libertad de expresión.
4) Defender el derecho del pueblo a ser informado oportuna y verazmente.
Si el medio del que fue Constituyente del MAS, Jorge Arias, hubiese cumplido estas disposiciones éticas, el gobierno de Evo Morales no lo hubiera beneficiado con 4 millones y medio de dólares de dinero del pueblo en solo tres años, lo hubiese incluido en el “cártel de la mentira” y en la lista de periodistas perseguidos y castigados por informar y opinar en favor de la democracia.
Los periodistas están obligados moralmente a cuestionar a todos los tiranos que violan la Constitución y se burlan del voto del pueblo para eternizarse en el poder. Están obligados porque ellos son los vehículos para difundir la información que necesita la sociedad para gobernar, mediante la vigilancia y fiscalización, a sus gobernantes. Están obligados porque ellos son los canales para facilitar la circulación de voces plurales y diversas para que la sociedad participe en las decisiones públicas.
Por esta razón, un periodista cumple la misma función frente a cualquier gobierno (sea este de izquierda, centro o derecha) y produce la información como un bien público y no como un medio de chantaje para obtener beneficios propios.
Para evitar que se repita la distribución arbitraria del dinero público vía publicidad oficial, Bolivia necesita una Ley. El raiting es una variable, pero no debe ser la determinante porque el Estado podría terminar premiando a la telebasura (que genera altos niveles de raiting).
Tengo listo un anteproyecto de Ley de Distribución de Publicidad, pero no creo que la mayoría masista la apruebe por todo lo que su ídolo hizo en 13 años y 10 meses.
Por Andrés Gómez