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CIDH rechaza queja de supuesta persecución política a Carlos Romero

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El procurador del Estado, José María Cabrera, informó ayer que la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la solicitud de medidas cautelares hecha por el exministro de Gobierno Carlos Romero por supuesta persecución política.

“Hoy (ayer) se ha notificado el rechazo y archivo de obrados de la solicitud de medida cautelar presentada por el exministro Carlos Gustavo Romero Bonifaz, quien actualmente guarda detención preventiva como consecuencia de la investigación del caso Uelicn”, dijo el Procurador.

Romero está detenido en el penal de San Pedro desde el 17 de enero, imputado por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes en el caso de corrupción en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn).

El exministro solicitó y reclamó ante la CIDH “que tenía una condición de perseguido político, que se le habían vulnerando su libertad de locomoción por grupos de ciudadanos de la Resistencia que instalaron una vigilia afuera de su domicilio; que se le cortaron los servicios básicos; que había una detención ilegal por parte de la justicia boliviana”, explicó Cabrera.

Asimismo, señaló que a raíz del pedido de la exautoridad, el Estado boliviano presentó una “réplica y reproche” ante el organismo internacional, con argumentos, que según el Procurador, terminaron por desvirtuar las acusaciones de Romero.

La respuesta de la instancia internacional, en la que se informa sobre el rechazo y archivo de la denuncia de Romero, se conoció a través de una carta dirigida a la ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric.

La CIDH dispuso el archivo de obrados de la petición de Romero con base en el artículo 25 del reglamento de esa entidad, por esta acción, señaló Cabrera, “se entiende que (el organismo internacional) ha acogido los argumentos de la defensa del Estado boliviano que han demostrado de que todas las detenciones en centros penitenciarios responden a una aplicación objetiva de la ley, en la que el Ministerio Público y el juez de medidas cautelares han aplicado objetivamente el derecho”, explicó.

El 19 de febrero, el Procurador General del Estado entregó una carta y observación a la CIDH, en la que le cuestiona la posición “sesgada” respecto a las solicitudes de medidas cautelares de ciudadanos bolivianos.

El abogado del exministro, Andrés Zúñiga, demandó el 13 de enero medidas cautelares para Romero ante la CIDH, similares a las que obtuvo la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, el delegado defensorial Nelson Cox y la abogada Mary Carrasco. En el documento el jurista argumentó una vulneración de los derechos de su defendido.

Zúñiga dijo que no comentaría sobre el tema debido a que aún no conocía el contenido de la respuesta emitida por la CIDH.

Pagina Siete.

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