Instituciones critican contratos de explotación de litio y alertan sobre riesgos para el país
Diversas organizaciones exigen un diálogo nacional antes de la aprobación en la Asamblea Legislativa
Jueves, 13 de febrero de 2025 (FmBolivia).- Varias instituciones expresaron su preocupación por los contratos suscritos entre el Gobierno de Bolivia y las empresas Uranium One Group de Rusia y CBC de China para la explotación del litio en el Salar de Uyuni, señalando que estos acuerdos son perjudiciales para el país. En una conferencia de prensa realizada esta mañana, presentaron un análisis detallado con seis observaciones clave sobre los contratos.
El documento recuerda que el Salar de Uyuni está protegido por normativas ambientales y que Bolivia debe cumplir compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT, que garantizan el acceso a la información y la consulta con los pueblos indígenas. Las instituciones firmantes instaron a las autoridades y parlamentarios a abrir un espacio de diálogo para evitar posibles daños irreversibles al país antes de que los contratos sean tratados en la Asamblea Legislativa.
Entre las principales observaciones a los contratos se destacan los siguientes puntos:
- Riesgos para el Estado: Los contratos trasladan los riesgos de la explotación al Estado boliviano, incluyendo penalidades en caso de no cumplir con la cantidad requerida de salmuera residual.
- Beneficio desproporcionado para las empresas: Aunque las inversiones de las empresas rusa y china ascienden a aproximadamente $us 1.000 millones cada una, estos montos deberán ser devueltos con la producción de carbonato de litio, y las mismas empresas serán las encargadas de operar las plantas, cubriendo también sus propios costos con la producción.
- Sobrestimación de utilidades: Las estimaciones de ganancias están basadas en una cotización de más de $us 25.000 por tonelada, mientras que la cotización actual ronda los $us 10.000, sin expectativas de aumento en el futuro.
- Incertidumbre sobre otros recursos: A pesar de que la salmuera del Salar de Uyuni contiene otros recursos valiosos, los contratos no especifican su aprovechamiento, lo que genera dudas sobre quién se beneficiará de ellos.
- Falta de consulta a las comunidades afectadas: Las comunidades que podrían verse afectadas por el uso del agua y los impactos socioambientales no fueron consultadas antes de la firma de los contratos, y no se contemplan medidas para mitigar los efectos sobre las actividades productivas y turísticas de al menos 20 comunidades.
- Cuestionamientos al trabajo legislativo: Las instituciones firmantes también cuestionan que el tema haya sido tratado en sesiones parlamentarias “accidentadas” y de “cuestionable transparencia”, alertando que los acuerdos, tal como están redactados, carecen de legitimidad y resultarían perjudiciales para el Estado.
El documento concluye haciendo un llamado a las autoridades para que prioricen el interés nacional, en un contexto donde se conmemora el Bicentenario de la independencia de Bolivia.
Mientras tanto, el Gobierno espera que el Legislativo apruebe los contratos. La Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados ya aprobó el contrato con CBC, y una comisión del Ejecutivo está en Potosí para socializar el acuerdo. Sin embargo, el Consejo Consultivo del Comité Cívico Potosinista ha decidido no asistir a los encuentros y ha comenzado una protesta escalonada en rechazo a los contratos.
Las organizaciones que suscriben el documento incluyen una amplia gama de entidades de la sociedad civil, desde grupos de derechos humanos hasta organizaciones medioambientales y políticas, que exigen una revisión y debate más exhaustivo antes de la firma definitiva de estos acuerdos.