Repudian investigación a los obispos y éstos dicen estar dispuestos a responder
Expresidentes, el Conade, la defensa de la exmandataria Jeanine Añez y desde la oposición repudiaron ayer la investigación que la Procuraduría General del Estado (PGE) pidió contra los obispos que fueron parte de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) durante la crisis postelectoral de 2019. Éstos dijeron que están dispuestos a responder a la pesquisa.
El líder de oposición y exmandatario Carlos Mesa (2003-2005) criticó la solicitud de la PGE para investigar a los religiosos.
“El MAS ahora busca perseguir a obispos que defienden la democracia y los DDHH. La persecución política en su más cruda ejecución”, manifestó Mesa en su cuenta de Twitter.
Por su parte, el expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) usó la misma red social para cuestionar al Gobierno.
“Arce se ‘Orteguiza’ al intentar crucificar a obispos, a los que el MAS pidió mediación el 2019”, compartió en un tuit, y luego pidió al papa Francisco “pronunciarse sobre la persecución de la Iglesia en Bolivia”.
Asimismo, la defensa de la expresidenta Añez también se pronunció acerca de la solicitud.
“Ellos (la Procuraduría y la Fiscalía) dicen que esa reunión es el punto de partida delictivo, a partir del cual se planificó, se dirigió (el supuesto golpe de Estado), en menos de 24 horas, lo cual no tiene ninguna lógica. Más allá de criminalizar estas reuniones, estas acciones (de citar a los miembros de la Iglesia boliviana) significan darle la espalda al mundo, con un falso discurso de soberanía”, declaró a Página Siete el abogado de Añez, Luis Guillén.
El presidente del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, consideró que los intentos de “venganza” del Gobierno “no prosperarán”, debido a que la institución religiosa y sus representantes en el país gozan de fuero similar al diplomático.
“Este pedido es inaceptable y la Fiscalía ha declarado que los obispos de la Iglesia gozan de una protección a nivel diplomática y, por tanto, ellos serán quienes, a través de un documento escrito por vía del Vaticano (se pronunciarán), pero ellos no pueden ser juzgados por un supuesto golpe de Estado que jamás existió. Esto no va a prosperar, es un acto de venganza y es pagar mal a aquellos que salvaron a algunos operadores políticos del MAS en 2019”, indicó.
Este medio también contactó al subprocurador del Estado, Juan Clemor, quien representa a la Procuraduría en el caso terrorismo I, pero no dio respuesta luego de escuchar la consulta.
La posición de la Iglesia
El obispo de La Paz, Percy Galván, indicó ayer que no le extrañaría que el “amedrentamiento y persecución política” del Gobierno se extienda a la Iglesia.
“Sabemos el tema de la persecución. Sabemos de nuestros hermanos que están privados de libertad en distintas cárceles del país por motivos políticos, claro, con otros pretextos; se buscan pretextos como terrorismo, confabulación, golpe de Estado (…), y si eso se va a extender a la Iglesia no sería extraño, lo hemos visto en Nicaragua donde a un obispo lo han detenido porque no se ha querido acoger a la extradición”, declaró Galván.
El obispo agregó que la Iglesia está dispuesta a prestar declaraciones como lo hizo antes y que los religiosos cumplen las leyes como cualquier otro ciudadano, pues no existe ninguna norma que les impida brindar alguna declaración a la justicia.
Galván añadió que los ataques que sufre la Iglesia por parte de la clase política no son recientes y que no cambiará el trabajo que realizan. “Ya somos curas viejos, nos han venido amenazando, persiguiendo. Esta historia ya es larga”, señaló.
La Procuraduría General del Estado pidió a la Fiscalía investigar a los obispos que fueron parte de la CEB durante la crisis postelectoral de 2019.
El memorial de esa instancia data del 30 de enero. En el documento, la PGE pide al fiscal Omar Mejillones, que también investiga el caso “Golpe de Estado I”, citar a declarar a integrantes de la CEB. La convocatoria incluye a las personas que supuestamente recibieron y depositaron dinero a cuentas del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
La lista incluye a monseñor Ricardo Centellas Guzmán, exvicepresidente de la CEB en 2019; monseñor Aurelio Pesoa Ribera, exsecretario general de la CEB en ese entonces; monseñor Giovani Édgar Arana, quien se desempeñaba como obispo auxiliar de El Alto en 2019; y al padre José Fuentes Cano, exsecretario general adjunto de la CEB en 2019.
El documento además muestra la notificación de recepción del memorial por el fiscal Mejillones, fechada el 2 de febrero. Este representante del Ministerio Público recordó que los nuncios de la Iglesia gozan de fuero en el Estado y que los peticionarios tienen la posibilidad de pronunciarse previa citación.
“En relación a los representantes de la Iglesia católica, considerando que éstos son considerados misiones (nuncios), el impetrante deberá considerar el art. 195 del CPP (Código de Procedimiento Penal), y pronunciarse al respecto previa citación”, establece el documento.
Desde el MAS, el diputado Ramiro Venegas señaló que los representantes de la Iglesia deben ser sometidos a la justicia por “instigar a la confrontación en el país” porque en las misas sus prédicas “son más políticas que hablar de la palabra de Dios”. Lamentó que hablen de persecución política en la misma línea de los actores de oposición.
“Si esto se va a extender a la Iglesia no sería extraño, lo hemos visto en Nicaragua, donde a un obispo lo han detenido”.
Obispo Percy Galván
“Esto no va a prosperar, es un acto de venganza y es pagar mal a aquellos que salvaron a algunos operadores políticos del MAS”.
Manuel Morales, Conade
10
personas
se encuentran en la lista enviada a la Fiscalía por la Procuraduría General del Estado.
Fuente: Pagina Siete