Roberto Jukumari, el dirigente que desafió a Evo y murió sin justicia

“Mientras tengamos vida vamos a clamar pidiendo justicia”, decía Roberto Jukumari Vela, herido de bala en la Guerra del Gas (2003) y golpeado en la cabeza en la masacre de Huayllani (2019). El cocalero, albañil y dirigente buscó la restitución de sus derechos y de los suyos hasta este jueves 8 de septiembre, día de su muerte, luego de organizar la marcha que partirá de Cochabamba hasta el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en Sucre.

Como víctima “enfrentó al poder y a los poderosos”, afirman gente cercana que prefiere no revelar su identidad. Jukumari logró encarar al presidente Luis Arce, cuando le entregó una carta pidiendo una reunión. También se enfrentó a las amenazas de Evo Morales, líder del MAS, quien le habría prohibido, en más de una ocasión, conformar la Asociación de Víctimas de Sacaba.

“Evo Morales le ha prohibido conformar la Asociación y a todos los hermanos les ha metido miedo porque pueden ser expulsados de sus colonias donde trabajan. En una reunión en Lauca Ñ, (Morales) ha prohibido conformar (la dirigencia) porque decía que eso afectaría la estructura orgánica de las 6 Federaciones de Cocaleros del Trópico de Cochabamba. Ahora lo podemos decir de frente porque no les tenemos miedo”, reveló el activista de derechos humanos de El Alto, David Inca, en contacto telefónico con EL DEBER.

“Juku”, como le decían sus amigos y compañeros de lucha, relató las amenazas que habría sufrido por parte del exmandatario durante los días que marchó de Caracollo a La Paz en octubre de 2021.

Otra fuente, que prefirió guardar su nombre en reserva por miedo a represalias, afirmó que no solo fue Morales quien prohibió conformar la organización de víctimas, sino también otro alto ejecutivo cocalero.

“No quieren a la organización porque es como una espina en su zapato y por eso a Jukumari le prohibieron dar conferencia en Radio Kawsachun Coca y en otros medios locales. Eso venía de la misma federación del hermano Roberto, del ejecutivo”, relató el hombre con voz temerosa.

Otra mujer, afligida por la muerte del dirigente, también relató las llamadas telefónicas que recibía Jukumari de Morales y la decepción que sintió del hombre a quien consideraba su líder.

“Sufría amenazas, le decían que se retire. Le ofrecieron que le entregarían una casa y trabajo, pero él no quería eso. Decía, ‘voy a seguir en la lucha’. Evo Morales lo llamaba y decía: ‘hermano Roberto no quiero que hagas esto’. Él se decepcionó de Evo Morales, no podía creer lo que le pedía”, detalló la segunda fuente que evitó mencionar su nombre.

Este medio llamó a Gerardo García, vicepresidente del MAS, y al diputado Gualberto Arispe, ambos cercanos a Morales. Pero no hubo respuesta.
EL DEBER logró dos entrevistas cortas con Jukumari, en marzo y en agosto de este año. El dirigente tomaba sus resguardos y siempre pedía alguna identificación. “Nosotros nos estamos cuidando por el celular”, mencionó la última vez que este medio conversó vía telefónica con el cocalero.

Inca reclamó que el Ministerio Público desde el 2021 y tras varios pedidos no haya gestionado que las víctimas de Huayllani estén amparadas bajo la Ley de Víctimas y Testigos como lo están los afectados de Senkata, quienes están protegidas ante cualquier amenaza y hostigamiento.

“¿Qué podemos pensar? Que hay una orden de arriba y podemos deducir que esa orden viene del señor Evo Morales porque él no quiere y nos ha dicho varias veces que no se conforme la Asociación”, aseveró.

Cara a cara con Arce

Las víctimas de Huayllani, desde 2020 a 2021, habían solicitado reuniones, mediante cartas, con el presidente Luis Arce. Ninguna fue atendida. Ante este panorama, Jukumari en complicidad con David Inca logró infiltrarse como víctima de Senkata en una reunión en La Paz, en la Casa Grande del Pueblo.

Es así que el 21 de abril de 2021, el dirigente cochabambino sorprendió a Arce y a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, cuando levantó la voz al final de la reunión y extendió un papel que tenía escrita la solicitud de reunión.

“Roberto levantó la mano, habló y entregó la carta. El hermano presidente quedó sorprendido y de ese modo les envió una carta para poder recibirlos en la Casa Grande del Pueblo”, recordó una de las víctimas que presenció el momento.
Según el relato, Arce había cumplido el compromiso de dos reuniones con las víctimas de Huayllani. Pero aún los acuerdos de “memoria, verdad y justicia” quedaron pendientes.

Salud deteriorada

“Juku” murió por secuelas de los golpes que recibió en la cabeza, por policías en noviembre de 2019. Sus familiares contaron que tenía coágulos en el cerebro y que la causa de su muerte fue una embolia. Necesitaba una operación que iba a costar Bs 35.000, dinero que no era posible recaudar y que luego no fue necesario porque Roberto no resistió.

“A veces perdía la memoria y no podía estar bajo el sol, por eso dejó de trabajar. Mi papá ya no era una persona normal. Lo último que hizo fue dejar cartas a las federaciones para gestionar los nichos y que apoyen a la marcha que irá a Sucre”, dijo una de sus hijas en el velorio.

El abogado estadounidense Thomas Becker lo recuerda como un “líder bondadoso y enojado que tres años después de los abusos, murió sin justicia”.

La investigación preliminar por los hechos de 2019 en el país cumple dos años y 10 meses. Los afectados reclaman que a la fecha no haya justicia y ni detenidos. Varios se sienten utilizados por el Gobierno y ratificaron que a ellos no les importan los discursos políticos de si hubo fraude electoral o golpe de Estado, sino piden la restitución plena de su integridad.

En marzo, la representante de los detenidos de Senkata, Marcela Calle, frente a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que el Gobierno los “usa como banderas” y pidió dar cumplimiento al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) porque de las 36 recomendaciones, solo se avanzaron en dos.

Pese a que se van a cumplir tres años desde las masacres y más de un año desde que se firmaron los compromisos con la CIDH, el ministro de Justicia, Iván Lima, habló de pedir dos años más para dar cumplimiento a recomendaciones del GIEI.

Jukumari lo calificó como un hecho “preocupante” e “inconsulto” con las víctimas. Inca ve como un aspecto “peligroso” porque será cercano a las elecciones de 2025 y temen un manejo político.

Ante la inacción denunciada, las víctimas preparan una marcha hasta Sucre para reclamar al TCP una respuesta y que resuelva si Jeanine Añez será enjuiciada por la vía ordinaria o mediante juicio de responsabilidades. La marcha era uno de los sueños de Roberto Jukumari, sus hijas prometen continuar con su legado.

Fuente: El Deber