Puma y Colque: dos casos de judicialización del periodismo
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) manifestaron su preocupación por la judicialización del trabajo de los periodistas en Bolivia. Denunciaron dos casos puntuales en los que los periodistas Roberto Puma Guerra, de Yacuiba, y Javier Colque Rollano, de Cochabamba, fueron citados por el ministerio Público para declarar sobre su labor informativa.
“Los casos de los periodistas Roberto Puma Guerra, de Yacuiba, y Javier Colque Rollano, de Cochabamba, que fueron citados por fiscales para declarar, además de ser amenazados con ser detenidos, muestran una inaceptable judicialización del trabajo periodístico en Bolivia”, señala un comunicado conjunto emitido por la ANPB y la APLP.
Ambas entidades exhortan al ministro de Justicia, Iván Lima, a que haga conocer a los operadores de justicia que su accionar en los dos casos mencionados es incorrecto e ilegal, debido a que la Ley de Imprenta en el país está vigente. “Ratificamos que en Bolivia un periodista no puede ser procesado por la justicia ordinaria”, dice el comunicado.
Yacuiba: Piden revelar fuente
En el caso de Yacuiba, un fiscal ordenó que el periodista Roberto Puma se presente ante un juez para revelar cuál fue la fuente de un reportaje que realizó sobre el mal estado del desayuno escolar en su ciudad. La acción judicial fue activada por el alcalde de ese municipio, Carlos Bru.
Ante las críticas, el edil convocó a una conferencia para, según él, aclarar que no se trata de un proceso judicial. “Lo que he hecho es solicitarle al juez que le pida la fuente de su información. ¿Cómo van a mentir?”, reprochó.
Se excusó indicando que no es un proceso sino un acto preparatorio. No consideró, sin embargo que el secreto de fuente está garantizado y que estos temas deben ser tratados ante el Tribunal de Ética y no ante el ministerio público.
Citan a declarar a periodista
En el caso de Cochabamba, una comisión de fiscales pidió al periodista Javier Colque que declare ante un juez sobre los hechos luctuosos en Huayllani, registrados en noviembre de 2019, evento que él cubrió en el marco de su labor de reportero.
Aunque Colque pidió respetar y observar el alcance de la Ley de Imprenta, los fiscales del caso volvieron a citarlo para que preste “su entrevista testifical” la mañana de hoy, bajo amenaza de ser aprehendido.
De acuerdo a la nueva citación, el justificativo de la Ley de Imprenta no corresponde porque a su parecer no se le solicitó revelar sus fuentes sino cooperar en la investigación de los hechos.
Desde la ANPB y la APLP se recuerda a los operadores judiciales que la Ley de Imprenta está vigente y que los periodistas no pueden ser sometidos a la justicia ordinaria sino a tribunales de imprenta. Se pidió a las autoridades garantizar el trabajo de la prensa.
La Defensoría del Pueblo se pronunció al respecto pidiendo respeto a los estándares internacionales del gremio.
Fuente: Pagina Siete