Solidaridad con dos periodistas a los que un fiscal pidió su detención

Luego de que se conociera que el fiscal Junior Flores acusó a los periodistas Andrés Rojas y Adriana G. y pidió su detención, varios periodistas, activistas, además de una senadora y una abogada se solidarizaron con ellos y denunciaron persecución a la prensa.

El fiscal Flores presentó acusación contra ambos periodistas por, supuestamente, haber contratado, cuando ambos se desempeñaban en la red BTV, a otro presentador de noticias, Pablo Llano, con un salario mayor al que le correspondía.

Otros cuatro exfuncionarios del canal también fueron acusados, infirmó la agencia ANF, que reprodujo la acusación del fiscal. Rojas y Adriana G. autorizaron la contratación de Llano con un honorario de 11.498 bolivianos cuando, supuestamente, debido a no tener título académico, solo debía haber percibido 6.000 bolivianos mensuales.

La contratación se dio cuando Rojas y Adriana G. fueron gerente general y gerenta de informaciones de la red BTV, respectivamente, durante el gobierno de Jeanine Añez. El monto obtenido en salarios por Llano, de 84.701 bolivianos, es considerado por el fiscal como “daño económico al Estado” y pide por ese monto (12.100 dólares), penas de hasta 10 años de cárcel para seis personas.

Manuel Morales, dirigente de Conade, dijo que la acusación del fiscal Flores es un “acto de represión” no solo contra los dos comunicadores, sino contra los medios de comunicación y de los periodistas en general y que es una muestra de que el Estado está en una nueva faceta de represión.

“El amedrentamiento está yendo a todos los periodistas, no es un tema de los dos periodistas, sino el mensaje con esto está dirigido a los periodistas y a los medios de comunicación debido a que el gobierno está en una fase abiertamente represiva, en la que ya no hay imparcialidad y que buscan una prensa amordazada, acosada para seguir con estos actos y no permitir la cobertura correspondiente”, dijo en un contacto con Brújula Digital.

Asimismo, indicó que otra muestra de esta arremetida es la situación que vive el periódico Los Tiempos, que denunció asfixia económica e intromisión de parte del gobierno.

Por su lado, la periodista Zulema Alanes dijo a Brújula Digital que la medida es “un proceso que excede las normas administrativas con las que se debe proceder en este caso y, por tanto, se configura en una abierta persecución judicial contra los colegas”.

“Está claro que existe una arremetida del MAS contra la prensa y se vive una coyuntura de alto riesgo que amenaza a medios de comunicación y periodistas”, dijo al medio digital.

Aclaró que durante el gobierno del expresidente Evo Morales hubo varios contratos dentro de instituciones estatales de personas que incurrieron en el delito de falsificación de títulos, pero nunca fueron procesados penalmente y tampoco la justicia expidió orden de detención. “Ello muestra que en este caso existe una premeditada decisión de persecución contra los colegas”.

La senadora de Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena, coincidió con esas visiones y expresó que una acusación penal contra dos periodistas en ejercicio es, evidentemente, un acto de acoso contra la libertad de prensa y de expresión y, “en general, contra las libertades democráticas” del país.

Requena expresó que esto demuestra que no se detiene la “deriva despótica y autoritaria del gobierno” que busca, en realidad, que la sociedad boliviana se enfrente y que caiga en la violencia.

También llamó la atención sobre la “selectividad” de la investigación y de la “desproporción” sobre el presunto delito administrativo con la acusación de hasta 10 años de cárcel presentada por el fiscal Flores.

Pedro Glasinovic, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas (ANPB), coincidió con Requena sobre el tema de la desproporción. Dijo que la acusación está fuera de lugar y que la justicia “debe determinar si se ha cometido un hecho fuera de la ley al contratar a un periodista”.

A su vez, la abogada Zuleika Lanza denunció un caso de “persecución” y “sicariato judicial” en el proceso contra los periodistas Andrés Rojas y Adriana G.

“Este es un caso claro de sicariato judicial y de persecución contra dos periodistas reconocidos, es una acusación que afecta a la liberta de expresión y de prensa”, dijo Lanza entrevistada por radio Panamericana.

Andrés Rojas y Adriana G. son periodistas de reconocida trayectoria en Bolivia, con muchos años de presencia en los medios de comunicación.

Brújula Digital

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